Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vigo y los de los propietarios de edificio de Jacinto Benavente están preparando un incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en base a la nueva licencia de legalización obtenida el pasado 6 de agosto. Esta licencia se ha obtenido tras su adaptación a las normas que recoge el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado el 16 de mayo del año pasado, según ha confirmado el abogado de los vecinos, José Luis Barros-Ferreira. Considera el letrado que a diferencia de lo que proscribe la doctrina del Tribunal Supremo con relación a la legalización a la medida de un solo ámbito dentro de un plan de urbanismo ya promulgado, la doctrina ampara las legalizaciones que se solicitan dentro de la tramitación de un documento en su integridad. De tal forma, que no es el plan el que se hace específicamente para legalizar algo fuera de ordenación. Por el contrario, es el algo fuera de ordenación el que solicita ser integrado en el conjunto que supone un Plan Xeral de la magnitud del de Vigo, la mayor ciudad de Galicia. En este sentido, Barros-Ferreira destaca que el Tribunal Supremo contempla el derribo como última solución para lo que, estando fuera de ordenación, no tenga encaje dentro de un ámbito reglado. «Es obvio que no es el caso de las viviendas de la calle Coruña y calle Chano Piñeiro (el edificio conocido como Jacinto Benavente), que cuenta con todos los pronunciamientos favorables». Solución final Esta situación sobrevenida para la actual corporación municipal, ya que proviene de un pleito iniciado hace más de una década, «está siendo tratada por los funcionarios de la Gerencia y por sus responsables políticos con absoluto rigor y profesionalidad, tanto técnica como política. Es de destacar la valentía del alcalde, Abel Caballero, al afrontar desde el único punto de vista legal posible lo que sería un daño económico irreparable para el pueblo de Vigo, el auténtico pagano en caso de expropiación por derribo». Alude el abogado al coste que tendría para las arcas municipales hacer frente a la indemnización por el derribo de un inmueble que en su momento fue construido con licencia municipal que después anularon los tribunales. Desde el Concello, contando con informes jurídicos, también se dar por sentado que con la licencia concedida hace unos meses el inmueble se encuentra a salvo.