Hay una palabra proscrita en el Concello: «taxi». Su sola mención causa pavor en la Concellería de Tráfico. Y amenaza con convertirse en uno de esos líos jurídicos a los que es tan afecto nuestro Ayuntamiento. El embrollo se arrastra desde hace décadas y está a punto de estallar. Porque, en el último año, han entrado en el Registro Municipal unas denuncias de difícil arreglo.
Es sabido que la ordenanza del taxi dicta que las licencias, tras la jubilación del taxista, tienen dos destinos posibles: Traspasarla al chófer habitual contratado (o a un familiar directo que esté en esta situación) o devolverla al Concello. Es sabido, también, que el segundo caso no se ha producido nunca.
En realidad, las licencias de taxi se compran y se venden. Según la situación del mercado, han costado más o menos millones, que el profesional del volante considera un justo premio a su retiro. En muchos casos, el jubilado no hace sino recuperar el dinero que en su día invirtió en adquirir la licencia, con la correspondiente corrección de mercado.
Para no incumplir la ordenanza, se ha recurrido siempre a un vericueto legal: Convertir al comprador en chófer durante un tiempo, y traspasarle luego la licencia. Las obligaciones tributarias derivadas de la transacción se supone que se arreglarán con algún otro atajo, por mí desconocido. Todo esto lo sabe el Concello desde siempre, como lo conoce cualquier vigués. Y es vox populi que un solo ciudadano llegó a acumular más de veinte licencias de taxi, repartidas a diferentes nombres. Actualmente, con la que se avecina, este protagonista ya no compra y le cuesta mucho vender.
El caso, hasta aquí, no descubre nada nuevo. El problema es que, hace un año, un chófer denunció ante Tráfico que, habiendo sido el conductor de un taxi durante décadas, fue despedido y se transmitió la licencia a un señor que acababa de llegar. Este señor, por cierto, no había superado siquiera el preceptivo examen municipal.
A esta denuncia, siguieron otras del recientemente constituido sindicato de chóferes del taxi. Y es por ello que el Concello tiene un problema que no sabe cómo solucionar. Conoce una ilegalidad y, si la afronta, se pondrá enfrente al siempre esforzado sector de la SP, cuyas movilizaciones son temibles. Porque, como el problema se dejó correr, ¿sería justo ahora impedir a los taxistas que recuperen el dinero invertido en su licencia? Y, por la parte contraria, ¿por qué los chóferes no pueden acceder al taxi como recoge la normativa municipal? ¿Se sacarán a la calle nuevas licencias? Atentos, porque el caso tiene delito y el lío no ha hecho sino empezar.