Han pasado nueve años desde que el profesor de Derecho Administrativo y ex concejal popular, Jacinto Lareo, defendió la idea de crear una Cidade da Xustiza en Vigo, inspirada en los grandes complejos que levantaron Valencia o Madrid. Por el camino se cayó un proyecto de torre de 18 metros y el del esrudio de Irisarri y Piñeira sigue en el cajón a la espera de la luz verde. El gobierno de Caballero y la consellería de Rueda han heredado un problema de sus antecesores: la cesión de los terrenos. El primer retraso se produjo en tiempos de Castrillo y Corina, pues dicho suelo debía ser recalificado en el PGOM, pendiente de aprobación. Superado el tramite, los terrenos siguen sin liberar. Surgió sin éxito el atajo de la supramunicipalidad. Si las obras comenzasen hoy mismo, Vigo contaría con el tercer edificio judicial en pie entorno al 2012, dentro de dos años y medio. Durante esos 30 meses, la Xunta deberá buscar locales alternativos para urbicar a los nuevos juzgados con sede en Vigo como Familia número 3. El espacio está casi agotado, salvo que el Registro Civil sea trasladado a otras dependencias en el centro de la ciudad. La batalla de la Cidade da Xustiza tuvo ayer otro episodio. El alcalde criticó a la consellería de Presidencia la supuesta falta de apoyo al proyecto y mantuvo que será posible gracias al Ministerio de Justicia, a las gestiones de Caballero y al TSXG. El concejal de gestión municipal, Carlos Font, dijo que es la Xunta quien «debe trasladarnos de xeito inequívoco qué é o que pretende facer, cal é o seu proxecto e que é o que demanda do Concello». El gobierno local colaborará en la concesión de los terrenos pero lamenta que Presidencia no comunicase las necesidades para la construcción «nin obtivemos o apoio que necesitábamos». Acusa a la Xunta de «abandoar» a Vigo al no firmar un informe a favor del mercantil. Font pidió que la Xunta clarifique su estrategia pues sus propias filas de Vigo presentaron una moción para la supramunicipalidad de los terrenos de la Cidade da Xustiza.