Unos 40 afectados por una presunta estafa celebraron anoche una reunión en Don Hotel de Cangas para trazar una estrategia jurídica conjunta y poder reclamar mejor sus derechos. La corredora de seguros Pilar Pérez cerró su oficina de Cangas hace dos meses después de que varios de sus clientes se presentaran para reclamar la devolución del dinero de sus seguros. Según los afectados, la agencia cobraba el seguro sin llegar a tramitarlo a la compañía. En otros casos, al parecer lo concertaba y lo daba de baja.
El objetivo de la reunión de ayer, que continuaba al cierre de esta edición, era constituir una plataforma para presentar una denuncia conjunta. Hay dos tipos de afectados y sus caminos jurídicos serán distintos. Por una parte están los que pagaron seguros de coches o de viviendas y por otra los que suscribieron fondos de inversión o de pensiones a través de la agencia y que desde principios de año no cobran las cantidades fijas pactadas: 120 euros de intereses mensuales por un depósito de 12.000 euros, es decir una rentabilidad del 10%. mensual. «Esos intereses tan altos son siempre motivo de sospecha pero hay gente que se deja convencer por la labia de una persona», explicó un conocedor del caso. Un patrón de pesca que asistió a la cita aseguró que él invirtió 80.000 euros en fondos de inversión.
La presunta estafa se descubrió hace meses a raíz de un control de la Guardia Civil a un conductor. Creía que tenía el seguro en regla cuando en realidad no estaba dado de alta.