La corporación dio vía libre al pago de facturas a los proveedores por un valor de más de un millón de euros
18 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El gobierno de Gondomar dio cuenta ayer de la distribución de sus competencias en medio de las críticas del BNG en la oposición y de los abucheos e insultos de muchos vecinos que asistieron como público. Martín Urgal ya tiene un equipo con responsables en cada concejalía, formadas las distintas comisiones informativas, nombrados los miembros de la comisión de gobierno y los representantes en las consellos escolares.
«Agradecemos o nome do BNG na acta, porque o resto represéntase a se mesmos e ao seus intereses», fue la primera crítica lanzada por el portavoz nacionalista, Pauliño del Río. También hubo alusiones a que dos ediles condenados por prevaricación urbanística, Carlos Silva y Ángel Gregores, vayan a tener competencias en el nuevo gobierno. «Pouco apropiado parece que un condenado por prevaricación sea o concelleiro de Educación», volvió a lanzar del Río, ante un gobierno que no se defendió de las acusaciones ni entró en los debates.
Por fin el pleno dio vía libre al pago de todas las facturas que estaban pendientes de pago a los proveedores del Concello. Las arcas municipales liberarán más de un millón de euros para abonar todos los servicios pendientes en la última década. A la tercera, fue la vencida. Por dos veces intentó el anterior gobierno en minoría del BNG proceder al pago, pero no pudo ser por la ausencia de los ediles firmantes de la moción de censura, lo que provocó que las sesiones no se pudieran celebrar por falta de quórum. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Otros asuntos
La sesión también trató otros asuntos que quedaron pendientes del último pleno no celebrado. Así, quedó aprobado el reglamento de prestaciones de servicios de ayuda en el hogar y la ordenanza de la tasa. El alcalde dio cuenta de la liquidación del presupuesto y fue aprobada la revisión de una licencia. El BNG presentó una moción para la construcción de un centro de día que el gobierno rechazó por no estar conforme con la redacción de la exposición y sí aprobó otra sobre la gratuidad de los libros de texto.