El empresario Juan Lago Pérez, de la empresa Promalar SL., presentó un escrito en el Concello de Cangas en el que pide que el nuevo Plan Xeral contemple el convenio urbanístico aprobado por el pleno en el 2004, que le permitía construir 492.210 metros cuadrados de edificación, lo que se traduciría, si bien dependiendo de su superficie, en unas 4.000 viviendas. Lago considera que el Plan Xeral debe recoger «la correcta clasificación urbanística y los criterios de ordenación necesarios para dar efectivo cumplimiento a los compromisos alcanzados en el convenio». En avance del plan califica como suelo rústico sin especial potencialidad el 80% de los terrenos en los que Promalar pretendía edificar y como suelo de protección forestal el 20% restante. Para Promalar, se trata de una calificación «incongruente», ya que, recuerda, existe «un régimen de reciprocidad obligacional» que marca el citado convenio. El acuerdo alcanzado hace cinco años entre Promalar y el anterior alcalde, el popular José Enrique Sotelo, contempla tres grandes urbanizaciones en la parroquia de Aldán, en los terrenos adquiridos por esta empresa a los herederos del conde que en gran parte reclaman los vecinos como monte comunal. A cambio de la recalificación, la empresa se comprometía a ceder la sierra del Magdalena (127 hectáreas, valoradas en 7,3 millones de euros), el llamado «Bosque encantado» (de 6 hectáreas, valoradas en 3,2 millones) y casi 8 millones de euros en dinero (4,5 millones destinados a obras concretas y 3,4 en metálico). El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, afirma que «non terá acollida» cualquier pretensión de revalidar el convenio. Afirma estar abierto a negociar otra ordenación, pero previo cambio «do chip por completo». El gobierno cangués no reconoce la vigencia del convenio.