Los propietarios del centenar de viviendas de O Piricoto, inmueble con orden de derribo total o parcial que el Concello está dispuesto a ejecutar, han decidido solicitar de inmediato la licencia municipal que legalice este edificio. Esta era una de las opciones que barajaban en los últimos meses, aunque la decisión se aceleró al conocer la intención municipal de ejecutar la sentencia anunciada personalmente por Abel Caballero.
En las escasos días que han transcurrido desde entonces la preocupación entre los propietarios era evidente y finalmente cristalizó en el visto bueno a la solicitud de licencia con un proyecto que recoge el edificio en su actual estado. Según fuentes del colectivo, el permiso municipal tendrá forzosamente que concederse ya que se adapta al Plan Xeral vigente.
Tras este movimiento de los dueños de los pisos se produce una situación sorprendente: el alcalde anuncia que cumplirá la sentencia de derribo y paralelamente los afectados intentan conseguir una licencia para acabar con la inquietud que padecen desde hace una década. Obviamente ambas opciones son incompatibles, por lo que una de ellas quedarán forzosamente arrumbada.
La crisis urbanística generada por la sentencia de derribo ratificada por el Supremo se aceleró el pasado mes de febrero cuando el Tribunal Superior exigió de nuevo su ejecución al alcalde. En aquella ocasión el alto tribunal reclamaba actuaciones concretas en un plazo limitado, momento en el que el actual gobierno municipal decidió que no era posible llevar a cabo una nueva maniobra dilatoria.
Solución «técnica»
Como la sentencia establece que el edificio afecta al entorno del pazo de Castrelos, pero deja abierto el alcance de un derribo que puede ser parcial o total, el concejal de Urbanismo ha pedido asesoramiento a dos entidades cualificadas y neutrales. De esta forma envió un escrito al Colegio de Arquitectos de Galicia y a la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña para que un técnico que ellos designen establezca el alcalde de la demolición.
Lo grave para los vecinos es que el Concello parte ya de la inevitabilidad del derribo y solo quiere aclarar su alcance. Por el contrario, los afectados dan por seguro que su edificio se ajusta al actual Plan Xeral y que con la nueva licencia se habrán resuelto todos los problemas. Ambas cuestiones fueron objeto de debate en la asamblea de ayer, en la que acordaron una cuota extraordinaria para hacer frente a los cuantiosos gastos que genera la elaboración del proyecto y la tramitación del recurso.
Antes de llegar a este punto el Concello vigués intentó en los últimos años diversas operaciones jurídico administrativas para evitar llegar al punto en el que ahora se encuentran las cosas. Primeramente intentó convencer al tribunal de que la colocación de una barrera vegetal eliminaría la afección sobre un bien histórico como el pazo de Castrelos.
Una vez que esta posibilidad fue rechazada informó a los jueces de que con el actual plan en los alrededores del pazo podrán construirse numerosos edificios en altura. El Tribunal Superior tampoco consideró este argumento como una razón que invalidara la previa sentencia de derribo del Supremo.