El anterior gobierno llegó a restringir el acceso al ayuntamiento a la vecina que seguía las denuncias
21 mar 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La Audiencia Provincial de Pontevedra ha admitido a tramite una querella contra los ex-alcaldes de Nigrán Manuel Rial Cadaval y Alfredo Rodríguez Millares por no tramitar presuntamente un total de 53 denuncias por posibles irregularidades urbanísticas en el municipio.
También están incluidos en la misma denuncia el ex-concejal de Urbanismo del anterior gobierno del PP, Carlos Quintas, y seis técnicos municipales. Estos últimos son la asesora de Urbanismo María del Carmen Iglesias Rial y arquitecto municipal Eduardo Pérez Izaguirre, los aparejadores Julián Iglesias Fernández y Manuel Alejos González, el jefe de obras Manuel Lomba González y la secretaria Soledad Hermida Román.
La persona que interpuso la querella fue Josefa Gallego, la mujer residente en la parroquia de Chandebrito que fue hostigada por sus vecinos hace ahora unos ocho años. Esta vecina tuvo que derribar un muro que había comenzado a construir en su vivienda y presentó en el Ayuntamiento fotografías con irregularidades elegidas al azar para que el gobierno municipal aplicase la misma vara de medir al resto de los vecinos infractores.
El Concello tramitó entonces las fotografías como denuncias urbanísticas, pero no desembocaron en ninguna sanción ni imposición de medidas correctoras. Todas acabaron archivadas.
Por eso, Josefa Gallego acusa a ambos ex-dirigentes municipales y a los técnicos de tres delitos tipificados en el código penal de prevaricación, prevaricación urbanística y contra el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos en la Constitución.
Omisión intencionada
El presunto delito de prevaricación se basa en «la negativa sistemática y prolongada en el tiempo de abrir expedientes de reposición de la legalidad urbanística y en la omisión intencionada en la tramitación de expedientes, dando lugar a su caducidad y omisión intencionada de la ejecución de resoluciones firmes recaídas en algunos expedientes», según consta en la denuncia. La prevaricación de índole urbanístico estaría fundamentada en la ejecución de obras denunciadas en el denominado Monte do Castro, de especial protección arqueológica, así como en un presunto falseamiento de mediciones de obra para favorecer a los infractores.
Por último, la imputación del delito contra el ejercicio de los derechos cívicos se debe al «haber restringido de manera patente, manifiesta y arbitraria en relación el resto de los particulares, el derecho de la querellante a recibir información sobre el curso de determinados expedientes y a su libre acceso a las dependencias municipales».
Josefa Gallego acudía semanalmente al Concello para hacer un seguimiento de los expedientes y de las denuncias hasta que llegó un momento en el que las anteriores autoridades locales le negaron la entrada hacia las dependencias del departamento de Urbanismo en la casa consistorial.
La querella sigue todos los trámites procesales y la próxima semana la denunciante tendrá que acudir a declarar a los juzgados.
Sobreseída
La Audiencia Provincial permite así que la denuncia pueda llegar hasta las últimas consecuencias, puesto que en dos ocasiones resultó sobreseída en el juzgado número 8 de Vigo. Los magistrados del tribunal provincial anularon el archivo de esta causa porque consideraron que los juzgados de la ciudad olívica acordaron el sobreseimiento de la querella sin haber practicado las suficientes diligencias para efectuar un pronunciamiento con un mínimo rigor.
Durante los tres años siguientes a la presentación de la querella, tan solo se remitió un oficio a la Consellería de Política Territorial para que este departamento de la Xunta de Galicia informase sobre las posibles irregularidades denunciadas, la petición de una copia de los cinco primeros expedientes de los 53 que se relacionan en el informe pericial y un informe a la Concejalía de Urbanismo para que informase sobre determinados puntos en relación con los expedientes tramitados a seis particulares.
De esta forma, la Audiencia Provincial ha conminado a los juzgados de Vigo a dictar una resolución fundada en derecho, justificando racionalmente la decisión que se adopte sobre este caso.