Un juez ordena una prueba pericial para valorar si el Ayuntamiento debe pagar 4 ó 48 millones a la inmobiliariaa Miraflores Vigo SA
18 jun 2008 . Actualizado a las 11:57 h.Una diferencia de diez a uno es lo que divide al Concello y a la inmobiliaria Miraflores Vigo SA respecto a la valoración de una deuda. Un juez de lo Contencioso-Administrativo de Vigo ordenó ayer que una prueba pericial de tasación para establecer el valor de la indemnización que el Concello ha de pagar a Miraflores Vigo SA por los derechos de una permuta de terrenos que nunca se llegó a realizar.
El problema radica en que la anterior sentencia pendiente de ejecutar no estableció la cifra exacta que el Concello debía liquidar a la inmobiliaria como indemnización. Una omisión que obligó a las partes a pedir una aclaración de la propuesta del juez, lo que llevó consigo la celebración de nueva vista para resolver dicho incidente.
El conflicto ha surgido porque, ante la falta de precisión de la anterior sentencia, cada parte ha interpretado la resolución a su conveniencia. El resultado ha sido un desacuerdo total sobre el precio a pagar o cobrar y que ha desembocado en una cascada de recursos y apelaciones que han llegado incluso al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
Los abogados de la inmobiliaria reclaman en el TSXG que las arcas municipales abonen 48 millones de euros (9.000 millones de pesetas). Sin embargo, el Concello solo está dispuesto a aceptar una deuda diez veces menor, cercana a los 4 millones de euros (664 millones de pesetas) pues argumenta que ese fue el precio que pagó el promotor por las parcelas luego permutadas en un convenio que no se llegó a cumplir.
El Concello había prometido en 1993 unos aprovechamientos urbanísticos al promotor a cambio de una superficie de 30.000 metros cuadrados en el nudo de la estación de autobuses dentro del plan parcial de Quirós. La valoración que realizó una empresa de peritajes en el año 2001 de estos terrenos fue de 162 euros por metro cuadrado (27.000 pesetas). Esto supondría un precio de 4,8 millones de euros que, según el Concello, fue lo que abonó el empresario en su momento. Pero este reclama diez veces más en los tribunales.
El conflicto podría eternizarse si además hay que calcular la subida del IPC en la última década o los intereses que conlleva la dilación de la resolución.
«Ni farolas ni arquetas»
El juez, tras oír a ambas partes, considera que, ante las fuertes discrepancias, ha de ser un perito profesional e imparcial quien calcule el valor. Por ello, acordó ayer una prueba pericial de tasación de dichos terrenos.
El juez recordó que la Administración «ya se gastó bastante dinero» en este pleito que se remonta a 1993. El magistrado añadió que «no hablamos de valorar el precio de una arqueta municipal ni una farola» sino de valorar una sentencia pendiente de ejecutar y que está en el aire. Y es que los bolsillos de los ciudadanos se juegan aquí 48 millones de euros.