Más de una veintena de ex trabajadores de Manuel Martínez Barros siguieron ayer los dos últimos juicios por despido contra el empresario tomiñés desaparecido
02 abr 2008 . Actualizado a las 11:46 h.Los ex trabajadores de Marbar volvieron a concentrarse pero esta vez en los juzgados de lo Social de Vigo donde ayer se celebraron los dos últimos juicios por despido. La ausencia más notoria fue de nuevo la de Manuel Martínez Barros, administrador único de las empresas que desapareció hace más de dos meses. Y la presencia más significativa, la de su hijo, apoderado del grupo, quien reiteró ante la sala que «ni era conocedor ni partícipe de la gestión o administración de las empresas». En el otro bando, un equipo mucho más numeroso, de 38 trabajadores.
El primer juicio comenzó a mediodía y afectaba a 15 de los antiguos empleados de Granitos Marbar. La vista fue similar a las que se celebraron en el mismo escenario el jueves pasado y el principal debate se centró, precisamente, en la antigüedad de los trabajadores, al igual que en el caso siguiente, en el que se abordó la de los 23 ex empleados restantes, de Edificaciones Marbar.
Las conclusiones fueron positivas para la CIG, que ejerce la defensa de los trabajadores ya que «la empresa no desmintió las antigüedades ni el Fondo de Garantía Social que sólo difiere en tres aunque, posiblemente, se consiga el reconocimiento de todas».
La acusación argumentó desde el principio que las empresas integraban un grupo. Una «situación de hecho, no de derecho, que no podemos negar», manifestó el abogado de Marbar.
La CIG aportó pruebas documentales y testificales para intentar demostrar esta situación y llamó a declarar a varios ex trabajadores que sostuvieron que trabajaron indistintamente para varias empresas a la vez.
Una contable de Edificaciones Marbar manifestó que «llevaba la contabilidad de las cuatro empresas» y además aseguró que «había una sóla caja para realizar todos los pagos, empleados que trabajaban indistintamente en varias y la actividad de una dependía de las otras ya que de la cantera se extraía la piedra que iba al aserradero y, de ahí a las obras».
El letrado de Marbar alegó una presunta indefensión ya que «la precariedad documental limita nuestra actuación». El abogado recordó que la oficina central «está cerrada y custodiada por los empleados, por lo que la única información que nos consta es la de la gestoría y nadie puede probar de lo que no dispone».
La CIG negó esta situación ya que «tenía todos los medios para su defensa, la carta de despido la extendió la empresa y la consideración de grupo ya la recogía la demanda, al igual que los datos sobre las antigüedades». Su abogado, Roxelio Fernández, se mostró confiado tras la vista porque «entedemos que os feitos quedaron suficientemente acreditados e a sentencia vai ser favorable aos traballadores».