El enfrentamiento entre el equipo redactor del Plan General de Vigo y el gobierno municipal ha llegado a tal extremo que ayer la concejala de Urbanismo pidió a la empresa autora del Plan, Consultora Galega, que ponga un interlocutor válido que se avenga a negociar, ante el fracaso de la reunión del día anterior con el director del documento, Juan Zumárraga.
El motivo es la actitud reacia de éste a llevar adelante las modificaciones. En concreto, se trata de completar el cumplimiento de la orden de 19 de enero de 2007 de la Consellería de Política Territorial y los requitos de Medio Ambiente, sobre todo en lo que se refiere a la estrategia de crecimiento. También se revisarán los convenios y se introducirá un 40% de vivienda protegida en todos los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, en lugar del 20%, como figuraba.
Noviembre
El estudio de ciertos ámbitos, reclamado por colectivos sociales, y el establecimiento de una metodología de trabajo que permita fijar la primera quincena de noviembre como plazo de entrega de la documentación corregida son otros de los motivos que han llevado a Silva a pedir un interlocutor. De esta forma cree que el Plan podría estar aprobado el 31 de diciembre, como se comprometió el PSOE. Para ello la próxima semana ya están previstas dos reuniones miércoles y viernes.
La decisión de solicitar un cambio de interlocutor tuvo lugar tras la reunión celebrada el jueves por la concejala de Urbanismo, Carmela Silva, la gerente, Julia Chamosa, y responsables de Consultora Galega, incluido el propio director, en la que éste «mostró una actitud poco colaboradora, sobre todo a la introducción del 40% de vivienda de protección y a cumplir la orden de Política Territorial», según explicó la concejala. Lo que se plantea en esa orden, dijo, «es razonable y de obligado cumplimiento».
En su opinión, al director del Plan no le gustan los cambios y entiende que no hay argumentos objetivos para ello, porque no son tan complejos. A su juicio, no es una cuestión de tiempo, ni de dinero, pese a que la empresa insinúa que es un trabajo añadido.
«No planteamos rescindir el contrato, planteamos una actitud colaboradora para crear un ambiente de trabajo». Recordó que una asistencia externa como es ésta tiene la obligación de trabajar al servicio de quien la contrata, en este caso el Concello. «Sea de la forma que sea esos cambios se van a introducir y en plazo, si no es por medio de unos mecanismos será de otros», concluyó.