Un jefe de seguridad acepta casi dos años de cárcel por estafa

E. V. Pita VIGO

VIGO

El encargado cobró facturas por valor de 21.000 euros que ocultó a su empresa El acusado, al ser descubierto, hubo de devolver la deuda pero pagó con unas letras sin fondos

14 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.

?l encargado de seguridad Ricardo R. V. aceptó ayer una condena de un un año y 9 meses de cárcel por cobrar facturas por valor de 21.000 euros entre 1996 y 1998 que luego ocultaba a su empresa para apropiarse del dinero. Además, al ser descubierto, negoció con la empresa el devolver dicha cantidad como si fuese una deuda pero realizó el pago mediante unas letras que carecían de fondos. El acusado se reunió ayer con la fiscal en la Quinta Sección de la Audiencia, con sede en Vigo, y aceptó un castigo de un año de cárcel por apropiación indebida de 21.036 euros, otros seis meses de prisión por falsedad en documento mercantil, junto a una multa de 450 euros, y tres meses y un día de cárcel por un delito de estafa agravada. El inculpado ya tenía antecedentes por los mismos delitos y actualmente está en prisión por otro asunto. El escrito de acusación, modificado tras el acuerdo por conformidad, relata que Ricardo R.V. era en 1996 vendedor de la empresa Iber Express (luego absorbida por Prosegur) y de una firma de seguridad. Hasta abril de 1998, se encargó de cobrar las facturas y se apropió, según la fiscalía, de una suma total de 21.036 euros. Contabilidad Éste cesó en su actividad contractual en 1998 y sus anteriores jefes, al revisar la contabilidad y ponerla al día, descubrieron la existencia del agujero. El acusado, al verse descubierto, tuvo que redactar dos documentos en los que admitía que estaba dispuesto a pagar dicha cantidad que asumió como una «deuda» que tenía con su antigua empresa. El pago lo hizo mediante una letras que resultaron impagadas por falta de fondos. En los mismos meses, Ricardo R.V. creó una empresa de servicios integrales de seguridad gallegos cuyo nombre se parecía mucho a otra firma para la que trabajaba. La fiscal ve detrás un negocio cambiario ficticio. El acusado aceptó todos los cargos por conformidad. Al juicio acudieron unos expertos de Madrid que no tuvieron que declarar por haber acuerdo.