El pleno aprobó una moción para no acusar a los autores de los disturbios de junio pasado Los ediles Antonio Fernández y Aurora Carbajal apoyaron también la propuesta
30 abr 2007 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Nigrán no se presentará como acusación particular contra la treintena de vecinos que están imputados por desórdenes públicos tras la revuelta popular que impidió la aprobación del Plan General en el mes de junio del año pasado. El Ayuntamiento no intentará buscar responsabilidades gracias al acuerdo plenario que fue aprobado en el pleno con los votos del PSOE, BNG y de los ediles Aurora Carbajal y Antonio Fernández Comesaña. La moción fue presentada de manera conjunta por socialistas y nacionalistas y contó con el rechazo de los grupos del PP y del PINN, con el alcalde, Alfredo Rodríguez Millares, a la cabeza. La propuesta estaba fundamentada en la preocupación existente entre el vecindario sobre algunas informaciones publicadas durante los últimos días y que apuntaban a que el Concello está estudiando la posibilidad de ejercer la acusación particular contra las personas que lograron ser identificadas en los disturbios del año pasado. Los representantes de la izquierda consideran que una actuación judicial de un gobierno en minoría, dirigida en contra de los vecinos sólo conseguiría aumentar la crispación social existente sobre este asunto. Por su parte, el portavoz nacionalista de Nigrán, David Giráldez, era partidario de dirigirse al juzgado de Vigo para solicitar que tuviera en consideración las circunstancias en las que se produjo el ataque y que, en la relación de imputados, hay personas que no participaron en los desórdenes públicos, mientras que otras no lo hicieron y, sin embargo, no figuran en la lista. Declaraciones Los afectados han comenzado ya a declarar en los juzgados de Vigo por los destrozos ocasionados en la Casa Consistorial durante la revuelta popular y el gobierno municipal valora estos daños en 12.000 euros. Todas las asociaciones de vecinos firmaron la semana pasada un escrito que presentaron en el registro del Ayuntamiento y en el que solicitaron que la administración local evitara querellarse contra los acusados por los sucesos del 2 de junio del año pasado. Los afectados achacaban la responsabilidad de lo ocurrido a las autoridades municipales por la manera en que elaboró, tramitó e intentó aprobar el plan general. El gobierno municipal impidió en aquella ocasión que los vecinos llenaran el salón de plenos. Los asistentes como público se vieron en la obligación de presentar sus documentos nacionales de identidad ante la policía local. Esta medida calentó los ánimos de los vecinos, que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo y el alcalde se negaba a suspender el pleno de la aprobación del Plan General, que intentó incluso aprobar en su despacho a puerta cerrada.