El gobierno vigués presenta un recurso para aplazar el fallo sobre Rosalía de Castro
22 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El gobierno municipal de Corina Porro intenta por todos los medios aplazar decisiones traumáticas sobre los proyectos urbanísticos anulados por el Tribunal Supremo. Así, de inmediato será presentado un recurso sobre Rosalía de Castro para intentar convencer a los jueces de la imposibilidad de cumplir la sentencia que anuló el proyecto de compensación. Los dirigentes del PP son conscientes de que el margen de maniobra es mínimo, especialmente cuando se suceden las órdenes de apremio por parte del Tribunal Superior de Xustiza que incluso comienzan a pedir responsabilidades directas a la alcaldesa. En el caso de Jacinto Benavente la sentencia incluye la propuesta de derribo y en este caso desde el Concello sólo se cuenta para evitarlo con la entrada en vigor del nuevo Plan General. La cercanía de las elecciones ha añadido un plus de crispación tras la reciente sentencia anulando el proyecto de Finca do Conde, en unas relaciones políticas ya erosionadas por las polémicas sobre el nuevo Plan General. En una reunión celebrada ayer el concejal de Urbanismo se negó a dirigir la palabra directamente a los portavoces socialistas, que días antes anunciaron una denuncia judicial contra José Manuel Figueroa y la alcaldesa. También afirmó que el socialista Mauricio Ruiz habría prevaricado en 2003 cuando se negó a seguir tramitando la licencia de Finca do Conde. Durante más de dos horas Figueroa (PP) de una parte y de otra Calviño y Ruiz (PSOE) discutieron sobre la actitud de sus respectivos grupos. Estos últimos achacan al PP la responsabilidad de la anulación de Finca do Conde por conceder las licencias; Figueroa, por su parte, insiste en que no había otra solución «ya que las licencias son actos reglados y no fue posible paralizar su concesión». En este asunto el PSOE puso como ejemplo lo ocurrido con los ámbitos de La Metalúrgicia y Marqués de Alcedo. Según Ruiz «ante el riesgo de anulación posterior se optó por iniciar la modificación del Plan General a la vez que se paralizaba la concesión de licencias; esto mismo pudo hacerse con Finca do Conde». Antes de acabar el debate los ediles del BNG se marcharon como protesta contra Calviño, quien incluyó en la discusión asuntos ajenos al urbanismo.