IN VICUS | O |
20 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.¿ALGUNA vez se han parado a pensar cuántas librerías y tiendas de música han ido desapareciendo de nuestra ciudad y cuántas inmobiliarias se han instalado en su lugar? ¿Alguna vez, al pasear por nuestras calles, se han percatado de que, prácticamente, en la mayoría de ellas hay una empresa que se dedica a intermediar en el alquiler y la compraventa de inmuebles? Si lo han hecho se habrán sorprendido al comprobar que, lo que a simple vista, parece una "invasión" se verifica con los datos estadísticos, según los cuales, en España, hay una nmobiliaria por cada 430 habitantes. Bajo ningún concepto se puede criticar la iniciativa de aquellos que, conscientes de los sustanciosos márgenes que se manejan en el sector inmobiliario, intentan acceder a ellos. Los bajos tipos de interés que incentivaron la compra desaforada de inmuebles, no sólo como primera o segunda vivienda, sino para especular y revenderla por el doble de lo pagado, han creado una burbuja en los precios que ha multiplicado por dos dígitos los costes por metro cuadrado. Según la revista The Economist, en España en el período de 1975 a 2002 la vivienda se ha sobrevalorado en un 52%. El informe del Colegio de Registradores de España habla de un incremento en el precio del 15,8% en el primer trimestre de 2006 mientras el IPC ha subido en un 3,75%. Las cifras son tan demoledoras, los hechos tan evidentes y la presión tan insistente de algunos empresarios tan sospechosa, que uno se pregunta hasta qué punto los intereses económicos de unos cuantos priman sobre el bienestar de los ciudadanos en cuestiones tan importantes como la planificación de una ciudad, en nuestro caso el Plan General de Ordenación Municipal.