Entrevista | María José Caride La responsable autonómica cree que en pocos meses puede haber una decisión final sobre el PGOM vigués
02 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Pérez Touriño eligió a una profesora universitaria de Vigo para el departamento más importante de la Xunta. Nada más llegar al ejecutivo autonómico, María José Caride tuvo que lidiar con la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de su ciudad; en la semana que hoy termina el tema ha sido objeto de una gran polémica. -Antes de nada, comprobar si cumple los requisitos y por eso se reclamó la documentación que faltaba. Después se trata de aclarar si cumple la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica, y en esas estamos. -¿Y cuál será el siguiente paso? -Tal y como establece la normativa, comprobar si se ajusta a la legalidad. No hace falta decir que el Plan General de Vigo es complejo, por lo que desde hace muchos meses la Consellería y la Gerencia de Urbanismo mantienen conversaciones para conocerlo, y así continuamos. -¿De momento, que han detectado? -A día de hoy el plan cuenta con informe desfavorable de Costas, que es fundamental, y está pendiente de un informe de la Comisión Superior de Urbanismo sobre actuaciones próximas al litoral. Todo ello además de estar a la espera de la decisión de la Consellería de Medio Ambiente sobre si cumple la norma de evaluación ambiental, razones por las que se ha suspendido temporalmente la tramitación. -Las presiones a favor y en contra son intensas. ¿ Se esperaba tener que decidir en un clima digamos tan apasionado? -Como vivo en Vigo sabía que existía una importante presión social en distintos sentidos con relación al PGOM. Lo único que querría decir es que las prisas no son buenas ni la mejor compañera a la hora de elaborarlo, máxime cuando el proceso dura ya bastantes años. -¿Qué quiere decir? -Que es fundamental el control de Política Territorial para buscar la completa seguridad jurídica. En Vigo hay precedentes de un plan anulado y es justo el riesgo que hay que evitar. No quisiera que se repitiera una situación ya vivida, con lo que ello supuso para la ciudad. Todos debemos hacer bien nuestro trabajo y el cumplimiento de la ley está por encima de otros comportamientos. -¿Se atrevería a pronosticar un calendario para la decisión final de su departamento? -El plazo máximo de suspensión son tres meses y luego existe otro similar para dictaminar la aprobación definitiva, o no, del documento. De ambos plazos algo ha transcurrido, y en ese margen yo me movería. -La suspensión actual no puede durar más de tres meses. ¿Que sucedería si en ese plazo el Concello no ha podido solucionar, por ejemplo, el informe negativo de Costas? -Esperemos que no sea así y que en este plazo acredite que todo está a listo para que Política Territorial pueda informar sobre el documento. -¿Y si no es así? -No quiero ponerme en esa hipótesis y desde luego no queremos llegar a esa situación. -Como viguesa ya sabía al ser nombrada conselleira que tendría que decidir sobre una cuestión tan polémica. ¿Le preocupó esto de manera especial en aquel momento? -El peso global de la responsabilidad era tal que el Plan de Vigo no estaba dentro de mi valoración salvo como otra cuestión más. Hay otros muchos planes y mi mayor preocupación es la ordenación global del territorio de Galicia y ponerlo en valor.