IN VICUS | O |
28 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.LAS viviendas de la calle Jacinto Benavente, los apartahoteles de Samil, el Piricoto, los añadidos de los edificios en la Plaza de Portugal, etcétera. La sucesión de autos judiciales que conminan al Ayuntamiento de Vigo a ejecutar las sentencias de derribo por edificaciones ilegales empieza a hacerse tan larga que parece que no va a acabarse nunca. Da la impresión de que es más fácil nombrar las construcciones que se han hecho respetando la legalidad y en los permisos correspondientes que las que están afectadas por irregularidades. Lo cierto es que si los responsables de las distintas Corporaciones Municipales anteriores hubieran actuado con la diligencia debida y sin someterse a presiones de intereses muy alejados del bien común, impidiendo que obras ilegales se hubieran iniciado, hoy, no nos encontraríamos entre la espada y la pared, por una parte, temiendo la ruina del Ayuntamiento y el desahucio de decenas de familias y, por otra, expectantes ante la satisfacción que nos dará que se cumpla la ley. Casi agotada la vía jurídica de los recursos con argumentaciones tan endebles como poco viables es preciso acatar lo que determina la Justicia. Lamentable la situación de los propietarios que pueden perder sus hogares, sin embargo, alegar buena fe cuando era "vox populi" la completa ausencia de legalidad de las mencionadas edificaciones supone una burla para el resto de los vigueses que tendremos que pagar de nuestro bolsillo los gastos de los derribos. Además ya va siendo hora de que promotores y constructores asuman su responsabilidad y entiendan de que, por encima de su propio beneficio, está el bien común y el respeto a la ley.