La empresa Miraflores cedió un terreno en 1992 y el Ayuntamiento pide consejo El PP asume la decisión ante la abstención del resto de los grupos de la corporación.
21 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El gobierno municipal del PP decidió ayer, con el consentimiento pasivo del resto de los grupos políticos, enviar al Consello Consultivo de Galicia el expediente sobre el pago de la parcela que la empresa Miraflores cedió en 1992 para acelerar las obras del primer cinturón de circunvalación (tramo avenida de Madrid-avenida de Castrelos). Después de años de debate sobre este asunto, PSOE, BNG y Partido Galeguista decidieron abstenerse, una forma de no obstaculizar y la vez de desvincularse del acuerdo. La única protesta llegó de Manuel Soto, portavoz del PG, quien aseguró que «non se está dando a este asunto o tratamiento debido». El edil galeguista sugirió que el Concello debía haber hecho uso de la cláusula del protocolo firmado en su día, por la cual si la administración municipal no podía cumplir lo pactado debía recurrir a Fomento para que abonara los terrenos de Miraflores como si hubieran sido expropiados. En cualquier caso, Soto reconoció que se trataba de «un asunto delicado» y anticipó la abstención de su grupo para dar facilidades al gobierno. PSOE y BNG hicieron lo propio sin explicar su posición sobre un tema ampliamente debatido en los últimos años Quebrar la banca En última instancia, el litigio entre Miraflores y el Concello es una discusión económica para resolver la cesión de un parcela de 16.000 metros cuadrados próxima a la avenida de Madrid. Después de muchos informes y tasaciones, el Concello está dispuesto a abonar hasta 10 millones de euros, aunque recientemente ofertó cinco fincas valoradas en unos 12 millones. Sin embargo, Miraflores hace unas cuentas bien diferentes y, sumando todos los conceptos, reclama nada menos que algo más de 40 millones de euros, una cantidad astronómica para un Concello como el de Vigo con un presupuesto anual para este año de poco más de 180 millones. Ante semejante divergencia el tema podrían resolverlo los tribunales, instancia a la que ha recurrido la empresa y que ya ha celebrado una vista para estudiar su postura.