Urbanismo pretendía inicialmente revisar los que hubieran cumplido quince años Otro cambio en la nueva ordenanza es que afectará también a los de titularidad pública
17 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?a Gerencia de Urbanismo ha optado por duplicar el plazo de tiempo que transcurrirá entre la construcción de un edificio y la obligación de que pase una revisión que certifique que se encuentra en buen estado. Esta es la propuesta técnica que se ha incluido en el proyecto de ordenanza municipal reguladora de la inspección de edificios que hoy será tratada en la reunión del consello de la Gerencia de Urbanismo. En el texto inicial figuraba el plazo de quince años y la única alegación sobre este asunto, presentada por la asociación de promotores inmobiliarios Aproin, planteaba reducirlo a doce años. Sin embargo, los técnicos municipalES ha optado por la vía contraria. Para ello han analizado los plazos de normativas similares, que mayoritariamente optan por períodos similares. También se ha tenido en cuenta las fechas del boom desarrollista en la ciudad y, por tanto, donde se encuentra la bolsa de inmuebles que en principio pueden considerarse en peor estado. Respecto a otras ciudades, algunas como Sevilla, Barcelona o Móstoles fijan quince años; veinte establecen Málaga o Alcalá de Henares, mientras San Sebastián de los Reyes se inclina por quince y Madrid por treinta. Existen otras que incluso retrasan el plazo a cuarenta años, caso de A Coruña, Granada fija 45 y medio siglo Zaragoza, Toledo o Alcoy. Desarrollo urbano Los estudios que manejan los técnicos municipales estiman que un 55% de las viviendas de la ciudad se han construido a partir de 1971 y la gran mayoría (28%) lo fueron en la década de los setenta. Por tanto, al exigir la revisión a los treinta años se fracciona esta bolsa para que no toda ella tenga que ser chequeada a la vez. Además, en Urbanismo se considera que en la construcción en los últimos quince años es de mayor calidad y se ha producido una mejora generalizada en el estado de los edificios. Otro cambio que se pretende introducir es el de que la nueva ITE (inspección técnica de edificios) afecte también a los de titularidad pública, sean del Estado, la Xunta, el propio ayuntamiento o cualquier otra entidad. Esta fue una reivindicación planteada por los firmantes de casi todas las alegaciones, que no entendían el motivo por el que los inmuebles públicos no tuvieran que ser revisados para certificar su estado. La mayoría de las alegaciones corresponden a organizaciones gremiales vinculadas al sector de la construcción (arquitectos, promotores, constructores, ingenieros, etcétera), que proponían cambios relacionados con su actividad profesional. Por otra parte, la asociación gallega de enfermedades neuromusculares pidió sin éxito que la revisión incluyera también el cumplimiento de las normas de accesibilidad.