Análisis | La lucha contra la explotación laboral de foráneos irregulares Delfín Fernández, tras rechazar que exista relación entre el aumento de inmigrantes y la delincuencia, reiteró el compromiso de las fuerzas del orden contra las redes de prostitución
08 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?No hay relación causa/efecto». De un modo tan contundente, el subdelegado del Gobierno rechazó la existencia de algún tipo de vinculación entre la llegada de extranjeros y un aumento de determinados delitos: «No hay un incremento de la delincuencia, al menos en esta provincia, por el hecho de que haya crecido la inmigración». No obstante, y tal y como había mantenido la semana pasada, Delfín Fernández reiteró que el primer objetivo policial es la «lucha contra la explotación laboral de la inmigración ilegal». «Puedo asegurar que existe una intensa coordinación entre los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo para combatir, sobre todo en determinados sectores como la explotación sexual, la explotación laboral de inmigrantes ilegales». El subdelegado del Gobierno no sólo resaltó este compromiso policial, también tuvo tiempo de hacer autocrítica y reconocer la existencia de algunas dificultades a la hora de tramitar las solicitudes de permisos. Así, calificó como cuello de botella la falta de personal en determinados centros de trabajo o las deficiencias que presenta la aplicación informática empleada para gestionar estas peticiones. En cuanto al primer problema, con cierta ironía, apuntó que «habría que reforzar la plantilla, pero en la Administración son palabras, no mayores pero sí que exigen su tiempo», mientras que el segundo prevé que «se resuelva a corto plazo con unas intervenciones técnicas realizadas desde la Subdelegación y a medio plazo con los cambios necesarios en la aplicación que debe hacer el Ministerio de Administraciones Públicas». El futuro En cuanto al futuro, Delfín Fernández proyecta abrir en Pontevedra y Vigo sendas oficinas integradas con personal de la policía nacional y con funcionarios de Trabajo de la Subdelegación. Se trata de un proyecto «a medio plazo», dado que los cuatro centros gestores existentes en las Rías Baixas «están funcionando razonablemente bien».