Los empresarios vigueses temen un incremento de accidentes y «botellones» Propietarios de locales advierten que el desembarco policial puede provocar la reacción de los clientes
17 may 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La campaña municipal contra el cierre de pubs está provocando un efecto dominó peligroso, según la Federación de Hostelería. Alega que el desalojo de locales por zonas da lugar al traslado de los clientes de un extremo a otro de la ciudad, lo que a su vez incide en el mayor movimiento de vehículos y en el posible incremento de accidentes. Más botellones Al mismo tiempo, los hosteleros advierten del incremento de botellones, tanto en la calle como en los pisos, una vez que cierran los locales. Quieren conocer las intenciones del Concello, si es partidario de que los bares se sitúen fuera o dentro de la ciudad y en caso de inclinarse por esta última opción, que diga en qué lugar y de qué forma pretende regularlo. El presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Carlos Rodríguez, critica el modo en que se efectúan los controles, con la entrada a saco de los agentes, y no descarta que cualquier día se produzca un incidente con los jóvenes. Lo normal sería, a su juicio, que el Concello convocase a los representantes de los afectados para comunicarles sus intenciones y concederles un plazo de dos o tres meses de adaptación. Explica que el hábito de salir tarde de copas está creado y no se puede cambiar con policía, ni de la noche a la mañana. El sector de la hostelería exige al Concello que ponga todos los medios a su alcance para ayudar a los empresarios a que cumplan la legislación, que analice caso por caso y tenga en cuenta las peculiaridades de cada local y su ubicación. En este sentido, destaca que la demora de las licencias ocasiona grandes pérdidas, teniendo en cuenta que algunos empresarios pagan entre 3.000 y 6.000 euros por el alquiler mensual del local. En su opinión, los establecimientos que reúnen las condiciones deberían conseguir en tres meses una especie de permiso de preapertura. También demandan asesoramiento municipal con anterioridad a la ejecución de obras para saber si realmente cumplen con la legalidad antes del inicio.