La Plataforma Antipeaxe está molesta y pide que se estudie el problema con «seriedad» El colectivo ciudadano dice que seguirá reclamando la supresión, incluso con movilizaciones
28 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.La Plataforma Antipeaxe muestra su malestar con el Defensor del Pueblo tras la respuesta a la queja presentada por el colectivo, en la que bendice el bono peaje. «Puede considerarse resuelta la demanda de los vecinos de la comarca de O Morrazo de no pagar peaje en dicho puente y así evitarse el recorrido, evidentemente más largo, del itinerario alternativo», dice Múgica Herzog. La Plataforma le pide al Defensor que se «digne» estudiar el asunto «con toda la seriedad que se merece». Lo invita a visitar la zona y se ofrece como cicerone para que comprenda la «injusticia» que, añade el colectivo, padecen los usuarios desde hace 23 años». Consideran que el Defensor del Pueblo defiende a la Administración y no a los usuarios. Le comunica que seguirá reclamando tanto ante el Defensor como el Tribunal Supremo (ante el que se presentó un recurso en el 2000), el Constitucional o con movilizaciones la supresión del peaje para todos. El presidente del colectivo, Jesús Cancelas Franco explica al Defensor por qué motivos el bono peaje no resolvió el problema. Reconoce que los sucesivos decretos de la Xunta son un paso adelante, pero no la solución definitiva Cancelas insiste en que la mayoría de los posibles beneficiarios de las ayudas no las solicitan, bien por falta de información, bien por la cantidad de trámites burocráticos que exije la Xunta para concederlas. Otro de los inconvenientes es que no puede utilizar la tarjeta más que el titular del coche, no su familia. Sólo se entrega una tarjeta por persona, ligada a un vehículo. No se concede la ayuda a las personas jurídicas, con lo que tanto las empresas de transporte como aquellas que tengan los vehúclos a nombre de la sociedad no pueden optar al bono peaje. Los beneficiarios tienen que declarar la ayuda recibida en la Renta. La Plataforma le explica a Múgica que la presión popular provocó que la Xunta llegase a comprender «la injusticia de este peaje». Los pasos dados para suprimirlo no fueron en la «dirección correcta», que hubiera sido un acuerdo del Gobierno central.