IN VICUS | O |
23 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.LOS vigueses tendríamos que echarnos a las calles para denunciar a los contratistas que hacen del abuso, la especulación y el robo su forma de vida. Falacias ampliamente difundidas sobre la falta de suelo edificable, la lentitud en la concesión de licencias y el exceso de demanda sobre la oferta han creado una sensación de frustrante angustia en los ciudadanos que quieren adquirir una vivienda. Prácticas como la subasta de pisos para cedérselo al mejor postor en la Alameda, entrega en mano de dinero en negro para reservar piso cuando aún no se ha comenzado a edificar o incrementos no pactados durante la construcción debieran de ser perseguidas con todo el peso de la ley. Cierto es que el urbanismo de esta ciudad es caótico y que son responsabilidad del Ayuntamiento los absurdos planes que han ido aprobando a lo largo del tiempo pero, también es verdad que los constructores han presionado, muchas veces de forma dudosamente legal, para obtener licencias e, incluso, en ocasiones, han construido sin licencia, con la consideración de que, una vez ocupadas las viviendas nadie se atrevería a echar a sus ocupantes. Esta política de hechos consumados ha provocado que el Ayuntamiento de Vigo se encuentre en la imposible tesitura de tener que cumplir sentencias judiciales que le obligan al derribo de edificios como el de la Colina de Castrelos, el de Jacinto Benavente o el de Samil y la imposibilidad de pagar las indemnizaciones correspondientes. El área de la mancomunidad de Vigo es enorme y existe espacio suficiente para construir urbanizaciones racionalizadas sin necesidad de elevar absurdos edificios de treinta pisos en el centro de la ciudad. Países pequeños, como Holanda, con una escasez de suelo real y una altísima demanda de viviendas han racionalizado el urbanismo de forma que las viviendas unifamiliares con jardín, servicios accesibles y medios de transporte público eficaces garantizan una calidad de vida que nosotros estamos lejos de disfrutar. Claro que el beneficio que se puede obtener de una vivienda unifamiliar cuyo acceso por carretera en las condiciones actuales es difícil no puede compararse al de una torre de treinta plantas con cuatro pisos por planta. En estas circunstancias, ¿alguien duda todavía de quién es la culpa?