El gobierno vigués mantendrá el expediente bajo llave hasta después de las elecciones El nuevo equipo municipal tendrá que tramitar el documento urbanístico
06 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El equipo redactor del nuevo plan general de ordenación municipal (PGOM) de Vigo ha concluido los trabajos de elaboración del documento inicial, que previsiblemente será entregado en breve en las oficinas municipales. Con este trámite se cubre la primera etapa para que la ciudad disponga a medio plazo de un nuevo plan, aunque las elecciones se han cruzado por medio impidiendo que pudiera quedar aprobado en este mandato como había prometido el Bloque. Aunque exista ya un texto, en la práctica el gobierno municipal que salga de las elecciones del próximo día 25 tendrá que decidir los pasos a seguir. En función del cierto grado de consenso que ha rodeado su elaboración hasta ahora es muy probable que el documento siga adelante aunque los cambios serán inevitables. Desde que comenzó su elaboración, el Bloque, partido que tiene a su cargo la concejalía de Urbanismo, ha contado con el respaldo explícito del PP y en menos medida de los socialistas. El único factor que podría enturbiar una rápida tramitación es que Progresistas Vigueses disponga de capacidad de veto en los próximos cuatro años. Su concejal, Manuel Soto, votó en su día a favor de la adjudicación a Consultora Galega pero su oposición a la política urbanística del BNG ha sido patente en estos cuatro años. Indudablemente, si los nacionalistas siguen en el gobierno y a cargo del área de Urbanismo, el documento elaborado bajo su dirección cuenta con mayores posibilidades de tramitarse con rapidez en su actual redacción. Plazos incumplibles Para llegar a la situación actual Lois Castrillo y Xabier Toba tuvieron previamente que rescindir, abonándolo en su totalidad, el contrato que ligaba al Concello con Omicrom, la empresa a la que el gobierno municipal de Manuel Pérez (PP) encargó en 1996 el mismo trabajo. El BNG consideró que el documento elaborado no permitía un diseño de ciudad acorde con sus planteamientos, por lo que optaron por convocar un nuevo concurso pese a la oposición de los socialistas. Castrillo encontró un aliado seguro en el conselleiro José Cuíña. Su consellería pagó la mitad de la factura de Consultora Galega (1,2 millones de euros en total) bajo la premisa de que el documento se elaboraría de común acuerdo entre ambas partes. Para ello se constituyó una comisión que ha seguido de cerca los trabajos; otra, integrada por concejales, ha pretendido lo mismo en el ámbito local.