El fisco, ese invento que sirve para pagar la maquinaria del Estado en su conjunto, es decir, el despliegue sanitario en cada ciudad, los museos o la red de carreteras, además de los institutos de investigación, los profesores de nuestros hijos o a los agentes de la Guardia Civil, se ha convertido en un colosal Gran Hermano por derecho propio. Después del Instituto de Meteorología, la Agencia Tributaria dispone de las mayores computadoras del país. Allí estamos todos, sí, pero no todos somos iguales. Ahora que la justicia entabla litigios contra los banqueros, en un mensaje claro a la ciudadanía de que nadie escapa a su control por acaudalado que sea, y que el poderoso caballero ya no es don dinero sino doña Hacienda, hay problemas más pequeños que siguen sin una solución, y que, por lo que parece, suponen una indefensión del contribuyente, por mucho que la ley disponga en su ordenamiento la figura del Defensor del Contribuyente. El camino para protestar contra las decisiones de Hacienda no es gratis. Existen casos en los que si un declarante quiere recurrir las decisiones de la Agencia Tributaria, la propia estructura de Hacienda y de la Justicia se lo impiden en condiciones normales. Por ejemplo, el hecho de recurrir una decisión de Hacienda ante un tribunal contencioso-administrativo es más ventajoso, por ejemplo, para aquellos contribuyentes de A Coruña, porque en Vigo no existe este tipo de tribunales. De momento, claro. Los gastos en los que incurre un contribuyente que quiere presentar una queja son mayores para los ciudadanos del resto de Galicia, entre ellos, naturalmente, los de Vigo. Los viajes a la capital del norte, el procurador y el resto de añadidos de la maquinaria judicial, elevan el costo del posible recurso, y eso disuade a algunas personas que pretendían, a priori, defenderse de una situación que consideran injusta. Y sólo porque no viven en A Coruña.