La pérdida de beneficios millonarios gracias al monopolio está detrás de la batalla funeraria Emorvisa vuelve a ser noticia por un escándalo funerario. Ya pasó cuando las funerarias de Vigo fueron expropiadas para crear el monopolio, cuando se acusó a empresas de la comarca de manipular cadáveres, cuando casi se privatizan los cementerios municipales, cuando el dinero público pagó detectives para espiar a la competencia o cuando la Policía Local, en los últimos días, ha retenido muertos en los hospitales. La liberalización del transporte funerario rebajó los beneficios de la compañía mixta y la apertura de un nuevo tanatorio en la ciudad amenaza con arrebatarle al menos la mitad del negocio.
24 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.El problema es sencillo en apariencia: las funerarias de la comarca no pueden recoger cadáveres de los hospitales de Vigo porque carecen de la preceptiva autorización. En realidad se encuentran con que el Concello de Vigo no les da esa autorización porque incumplen un punto concreto, metido no precisamente de forma inocente, de la ordenanza municipal: aquellas funerarias que estén vinculadas a compañías de seguros no pueden prestar el servicio. El alcalde Lois Castrillo sostiene que no estamos ante una ordenanza restrictiva. Al menos siete catalanas dicen lo mismo. Aparte del hecho de que el regidor nacionalista haya tenido que rebuscar casos en España para encontrar argumentos de defensa, conviene decir que en Cataluña el sector está regulado por una ley sanitaria mortuoria específica. En cualquier caso, en esos ayuntamientos se impide trabajar directamente a compañías de seguros y a sus agentes, no a «terceros vinculados con compañías de seguros» como ocurre, a mayores, con la ordenanza de Vigo. También negó Castrillo que haya ordenado a la Policía Local paralizar el transporte funerario. Un informe del 14 de marzo del concejal de Seguridade, Xoaquín de Acosta, revela que muchos agentes del 092 hicieron llegar sus dudas sobre la vigilancia que se les había encargado en los hospitales y el edil, también vicepresidente de Emorvisa, expresa en un párrafo: «Os policías locais deben esixir a calquera empresa funeraria que pretenda retira-lo cadáver dun falecido de calquera centro hospitalario (...) que estean en posesión da autorización municipal necesaria, impedindo en caso contrario dita actuación, sen prexuízo de denunciala perante a Alcaldía e incluso trasladar ós responsables á comisaría, se se desen motivos para iso». La Xunta se lo dejó muy claro al alcalde de Vigo en un requerimiento del día 19: la Policía Local puede poner sanciones, pero no paralizar un transporte funerario. Lo cierto es que, desde ese día, el Concello no ha vuelto a enviar agentes a los hospitales. Sea como fuere, desde que el Gobierno de Aznar liberalizó el sector funerario en 1996, ninguna ciudad de España sufre los espectáculos que se dan en Vigo. Lo que denuncia las funerarias de la provincia es una evidencia: el Concello está protegiendo los intereses de Emorvisa. Lo que ocurre es que ya no se sabe muy bien si es el gobierno local el que actúa de modo propio o inducido por la parte privada de la empresa mixta, que parece dominar desde su minoritario 49% la voluntad del consejo de administración. Hay muchos ejemplos para sospecharlo. El más claro es que el Ayuntamiento concedió la licencia de construcción de un tanatorio a Pompas Fúnebres del Atlántico y luego Emorvisa, con mayoría municipal, recurrió esa decisión. ¿Cómo es posible? Seguramente de la misma forma que lso consejeros municipales permitieron en su momento la contratación de detectives para espiar a los empresarios de la competencia.