Que el más alto funcionario del Concello no informe sobre un concurso que mandó corregir en su momento, teniendo en cuenta además de la envergadura del contrato la posibilidad de que alguna empresa lo recurra, es una situación sin precedentes. Cuando la mesa de contratación hizo su primera propuesta de adjudicación el 28 de diciembre del año pasado, el secretario general del Concello, Javier García, realizó un informe en el que advertía varias irregularidades. Una de ellas era ésta: «La mesa de contratación respecto del criterio número 5 -mayor baja ofertada- otorga cero puntos por este concepto a la UTE Cespa-Inusa por considerar que los costes de personal propuestos no cubrirían los costes mínimos para la organización del servicio y, por lo tanto, es inviable desde el punto de vista económico. Esta decisión vulnera, en mi opinión, el propio pliego de cláusulas administrativas y la propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». La interventora municipal ha mantenido la misma puntuación en el nuevo informe pese a las advertencias del secretario. Se produce así una clara y peligrosa disparidad de criterios, ya que Javier García dejó escrito que los errores que detectó «podrían dar lugar a la anulación de la adjudicación del concurso si no se procede a su subsanación de la forma señalada en el cuerpo de este informe». El gobierno vigués ha dado por buenos los informes de la interventora y del técnico José Rodríguez (que tampoco son coindicidentes aunque ambos, eso sí, dan por ganador a Fomento de Construcciones y Contratas). Sólo el alcalde o un tercio de la corporación (la oposición lo tiene) podían pedir al secretario que informase.