El plan de 1993 fue aprobado por consenso, pero su ejecución ha estado salpicada de incidencias En junio de 1993 entraba en vigor el plan general elaborado durante el mandato de Carlos Príncipe, que ahora se apresta a ser sustituido por el que va redactarse en los próximos meses. Aquel documento urbanístico fue aprobado por consenso en la corporación (26 votos a favor, todos salvo un concejal que se ausentó) y el inmediato visto bueno de Política Territorial, como hoy regida por José Cuiña.
15 nov 2000 . Actualizado a las 06:00 h.Sin embargo, nacionalistas y socialistas acusaron al PP de boicotearlo y de hecho éste partido intentó sustituirlo de inmediato nada más llegar a la alcaldía. El origen del consenso con el que supuestamente fue aprobado tenía su base en una decisión previa de Cuiña, que el 16 de septiembre de 1991 anulaba el PGOU de Vigo, una decisión con muy escasos precedentes que puso al gobierno local contra las cuerdas. La medida llegaba meses después de que Príncipe se hiciera con la alcaldía gracias al apoyo de tres concejales nacionalistas (uno de ellos Castrillo). Interpretaciones políticas al margen, la actuación de la Xunta generó una situación delicadísima en el plano urbanístico que todavía hoy colea. El plan anulado, oficialmente denominado Adaptación del PGOU de 1988 a la Lei do Solo de Galicia pero en realidad un documento sensiblemente diferente, estuvo en vigor diecisiete meses. En ese tiempo se concedieron numerosas licencias que mantuvieron su valor. El Concello tuvo que ingeniárselas para seguir concediendo licencias y preparar un nuevo plan. Estado de excepción Una vez superadas las declaraciones para la galería, como aquella del alcalde que declaraba un novedoso «estado de excepción urbanística» en la ciudad, las aguas volvieron poco a poco a su cauce. El acuerdo entre ambas administraciones era inevitable y pactaron la redacción con la máxima urgencia de un plan consensuado entre ambas partes y en el que participara el grupo municipal del PP. Se pretendía que estuviera aprobado en seis meses para no dañar la economía de la ciudad. Al final fue año y medio, aunque lo peor vendría más adelante con las numerosas sentencias que pusieron en la picota algunas importantes actuaciones realizadas al amparo de este documento. Para agilizar los trabajos se constituyó una comisión de tres concejales encargada de impulsarlo. Agustín Arca (independiente en las filas del PSOE), Xesús Costas (concejal de urbanismo y militante del desaparecido PSG-EG) y Pablo Comesaña (PP) revisaron su elaboración y pactaron la aceptación o no de las alegaciones. El nuevo documento entró en vigor a mediados de 1993 pero su aplicación enfrentó de inmediato a gobierno y oposición. Posteriormente, sobre todo ya en el mandato de Manuel Pérez, se sucedieron sentencias contrarias y existían posibilidades reales de que alguna denuncia contra el conjunto del PGOU saliera adelante. Precisamente este fue el argumento utilizado por Manuel Pérez y Gil Sotres para tramitar un nuevo plan general que no vio la luz del día.