El alcalde ponteareano alega que la Consellería de Xustiza no advirtió ilegalidad alguna Enfrentarse a un nuevo juicio no parece preocupar al alcalde de Ponteareas, José Castro, quien en esta ocasión podría enfrentarse a una pena de diez años de inhabilitación en caso de que prospere la solicitud presentada por el fiscal ante el juzgado de Ponteareas. El regidor afirma que las 35 contrataciones ilegales de que se le acusa «se realizaron en comisión de gobierno, de acuerdo ocn la ley estatal y sin que ni el secretario del concello, ni la consellería de xustiza adviritiese ningún tipo de irregularidad».
10 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.SUSI QUEIMALIÑOS PONTEAREAS. Corresponsal La solicitud del fiscal presentada en el jzgado de Ponteareas y en la que pide diez años de inhabilitación para el alcalde de Ponteareas por realizar supuestas contrataciones ilegales durante el periodo comprendido entre los años 1991 y 1997, parece no preocupar al regidor local. Castro se muestra tranquilo ante la posible apertura de este juicio oral, que responde a una denuncia presentada en el año 97 por el portavoz del BNG, Roberto Mera y que ya fue archivada en dos ocasiones. En esta denuncia están encausados el propio alcalde y otros seis concejales que durante esos años formaban parte de la comisión de gobierno, dos de los cuales se encuentran actualmente en activo. El alcalde ponteareano afirma que todas las contrataciones realizadas en ese periodo se ajustaron a la ley estatal vigente en materia de contratación laboral. Insiste además que el secretario municipal asistió a todas las comisiones de gobierno en las que se aprobaron contrataciones y que en ningún momento advirtió de posibles irregularidades, por tanto «si el secretario no avisan de la asistencia de ilegalidades, ni el alcalde ni los concejales disponen de suficiente preparación jurídica como para saber si están bien o mal». En el mismo sentido, explicó que las copias de las actas se remiten tanto a la subdelegación del gobierno como a la Consellería de Xustiza, «órganos fiscalizadores de los acuerdos adoptados por el ayuntamiento y organismos que tienen la obligación de advertir de irregularidades y que en estos casos no presentaron alegaciones». Insistió además que los contratos se encuentran tanto en el ayuntamiento como en el juzgado para que se compruebe su legalidad y que confía en el resultado del juicio en caso de que llegue a celebrarse. Denuncias Respecto a la larga lista de denuncias a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de los años y de la mayoría de las cuales salió indemne, insistió en que «nunca me han acusado por robar una peseta» y que lo importante es el resultado final que ya se verá en caso de que se celebre el jucio. Finalmente, añadió que desconoce la petición del fiscal de forma oficial y que la única constancia al respecto procede «de una copia que me entregó un representante del BNG, ya que oficialmente ni el ayuntamiento ni el alcalde conoce este tema».