Conflicto por la eutanasia de Gabi: «Si mi burrito está luchando por vivir, yo tengo derecho a luchar con él»

El burro Gabi tenía siete años cuando Amparo lo sacó de un refugio y lo llevó a su finca en Cádiz, donde empezó a convivir con caballos y ovejas. Este agosto, ocho años después, Gabi enfermó. «Tuvo un cólico, un desplazamiento de colon. Lo llevé al veterinario, que me dijo que podía mejorar pero que requería cirugía inmediata, porque podía morir», recuerda Amparo, agrónoma de 57 años y dueña de una dehesa. «Pero yo no podía tomar esa decisión. Estaba en manos de la asociación donde lo adopté».

El contrato firmado con El Refugio del Burrito, que había rescatado al animal del abandono, mantiene la titularidad de Gabi a su nombre, lo que hace que su opinión sea decisiva en este tipo de medidas. «Cuando hablé con ellos, con el burro en el quirófano con un anestesista y tres veterinarios, nada más oír la palabra cólico me dijeron que no lo iban a autorizar, que había que aplicarle la eutanasia», asegura Amparo. «No vieron ni la analítica y me hablaron de estadísticas, que la mayoría de los burros no salían de estas operaciones». Al final se hizo la intervención y en la recuperación se presentaron complicaciones. «Tiene una inflamación de los cascos que se llama laminitis», explica Amparo. «Produce mucho dolor, pero tiene tratamiento y se cura con cuidados y medicación. Hay que esperar a que crezca el casco, un centímetro al mes». No obstante, El Refugio del Burrito tiene otra opinión tras «evaluar su estado». «Su situación es irreversible, su dolor no está siendo controlado y la opción más compasiva es la eutanasia», indica un portavoz de la asociación que tiene actualmente unos 280 animales bajo su cuidado, incluyendo los que están en «régimen de acogida», como Gabi. «Sufre una condición irreversible».

Amparo se volcó con el animal. Incluso compró una grúa mecánica para levantarlo «varias horas al día». «Ya sale al campo, está muchísimo mejor del dolor», afirma. «Lo cuido en cuerpo y alma». Ante esta situación, el refugio, que asegura haber evaluado el caso con «tres veterinarios especializados en burros y un perito en bienestar animal. «Valoramos profundamente el vínculo que se crea entre nuestras casas de acogida y los burros, y entendemos lo duro que puede ser dejarlos marchar cuando llega el momento adecuado».

Estos últimos meses Amparo y El Refugio del Burrito estuvieron en comunicación. «Me pedían informes y vídeos a diario y un día me dijeron que irían a ver qué tal estaba Gabi», relata Amparo. «Me dijeron que al burro había que hacerle una eutanasia porque estaba sufriendo, y que podían hacerla en ese momento», algo que ratifica el refugio: «Forma parte de nuestra responsabilidad garantizar que los animales a nuestro cargo no padezcan un sufrimiento innecesario que no pueden comprender ni expresar». Amparo, apoyada por su veterinario, se opuso. «Ellos insistían y tuve que decirles que se fueran de mi casa tres o cuatro veces». Dice que hasta entonces había recibido mucha presión psicológica para dormir al burro, pero que tras negarse a que lo hicieran ellos, el refugio llamó a la policía. «Les mostré mis informes médicos y les dije que ellos querían matar a ni burro». La policía se retiró, pero los términos y condiciones del convenio son claros. El «contrato de acogida» puede ser finiquitado por el refugio, el animal no se puede alquilar ni prestar, ni montar o hacer trabajar, la adoptante debe suscribir un seguro a terceros y garantizar el «acceso» a un «oficial de bienestar».

En tribunales

Desde el intento de eutanasia, Amparo inició un proceso legal, para que las adopciones no funcionen como «régimen de permisos» en las que los refugios «retienen la titularidad» para siempre. Amparo quiere ser la dueña del burro. El refugio se defiende: «Los contratos entre las casas de acogida y la asociación existen para proteger a los animales, asegurar su bienestar y dejar claras las responsabilidades pactadas por ambas partes». El proceso legal está en marcha. Si fracasa un acuerdo proseguiría una demanda por lo contencioso. «En el contrato está recogido que antes de que el adoptante quiera eutanasiar al burrito estará obligado a comunicárselo al refugio para que decida», explica el abogado Eloi Sarrió, letrado de Aboganimal y que representa a Amparo. «Pero no que el refugio tiene un derecho legal a imponerle a Amparo que acepte la eutanasia». ¿Si progresa esta demanda puede cambiar las reglas en que se da en adopción a los animales en España, sean domésticos o no? «Si finalmente se declara que ciertas cláusulas del contrato de adopción son nulas, esa resolución servirá para todos los adoptantes que hayan firmado el mismo contrato», responde Sarrió.

El Refugio del Burrito teme que si cambiara la titularidad, los cuidados básicos del animal podrían ser omitidos, «incluyendo el alivio del sufrimiento innecesario». Para Amparo la cuestión no sólo es legal. Hay emociones en juego. «Gabi es mi familia. Tenemos un nexo de unión, como el que puedes tener con algún miembro de tu familia directa. Si mi burrito está luchando por vivir, yo tengo derecho a luchar con él».

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