El alto tribunal da diez días al gobierno autonómico para inmunizarlos «en la misma proporción» que a los mossos
09 may 2022 . Actualizado a las 13:39 h.El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo máximo de 10 días al Govern catalán para reanudar la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles y alcanzar «la misma proporción» de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra.
En un auto consultado por Europa Press, la sección III de la sala de lo contencioso estima las medidas cautelares que reclamaron los sindicatos Jupol y Jucil para que la Conselleria de Salud incluya a los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en el plan de vacunación.
«No parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña», reprochan los magistrados en el auto.
También ordenan que, dos días después de acabar el plazo de 10 días, la Conselleria de Salud -que puede recurrir esta decisión los próximos cinco días- le envíe un informe sobre el cumplimiento de esta medida.
El tribunal considera que el hecho de que los agentes de entre 60 y 65 años ya hayan sido vacunados --por su edad y no por su empleo-- no afecta a los motivos del recurso, en el que Jupol y Jucil alegaron vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que la Generalitat negó en su escrito.
Resalta los «elocuentes datos» sobre la vacunación a cuerpos policiales en Cataluña: el 24 de marzo, se había vacunado al 77% de los mossos, al 68,9% de agentes de policías locales y al 77,9% de efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona; frente al 3,6% de policías nacionales y al 2,8% de guardias civiles en Cataluña.
«No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población», dicen los magistrados al justificar esta medida cautelar.
«Apariencia de discriminación»
Señalan que, a la espera de estudiar el fondo del asunto en la sentencia, aprecian «una apariencia de discriminación en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil», basándose en los porcentajes de vacunación en cada cuerpo policial.
Los jueces afirman que esta medida «no tiene por qué traducirse en un perjuicio para otros grupos de población», teniendo en cuenta la llegada de nuevas remesas de vacunas y que en Cataluña hay un contingente reducido de Policía Nacional y de Guardia Civil.
El Govern dice que la vacunación de policías está parada por los criterios de AstraZeneca
El Govern ha negado que «discrimine» a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha alegado que la vacunación de estos colectivos está parada, como la del resto de grupos esenciales, debido a los criterios del suero de AstraZeneca, que solo puede administrarse a personas de entre 60 y 69 años.
Así lo ha asegurado este martes en rueda de prensa la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, después que esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya ordenado a la Generalitat que garantice «de inmediato y sin dilaciones» la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles en Cataluña para que en diez días se equiparen a los Mossos d'Esquadra.
La portavoz del Ejecutivo catalán ha rechazado que hayan «discriminado» a estos policías, tal como sostiene la Fiscalía, y ha explicado que la campaña de vacunación de este colectivo comenzó posteriormente a la de los Mossos d'Esquadra porque dispusieron de sus datos «más tarde».
No obstante, ha remarcado que los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña sí comenzaron a recibir vacunas, pero la campaña fue interrumpida, como la del resto de colectivos esenciales, cuando el Gobierno decidió paralizar la administración del suero de AstraZeneca.
«No es ninguna discriminación, sino consecuencia del cambio de uso de esta vacuna. Cuando se autorice otra, podremos retomar la vacunación de estos colectivos», ha señalado Budó.
Budó ha insistido en que Cataluña «no frenó la vacunación», sino que fue el Estado el que decidió paralizar el uso de AstraZeneca temporalmente para retomarlo sólo en personas de entre 60 y 69 años.
«Como Govern hemos vacunado a todos los colectivos entre 60 y 69 años, pero están paradas (el resto de) las vacunaciones de servicios esenciales, también de maestros, mossos o agentes rurales», ha enfatizado.
Por su parte, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha criticado lo que considera una «interferencia» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su estrategia de vacunación, tras conocer la orden a la Generalitat para que garantice la inmunización de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña.
Vergés ha remarcado que «en ningún momento» la Generalitat ha dicho que no vacunaría a estos agentes.
Ha justificado la baja cobertura porque, al cabo de poco tiempo de empezar con este colectivo, «quedó paralizada en todo el Estado» la vacunación con AstraZeneca, suero utilizado para policías y otros trabajadores esenciales, y que, cuando se reanudó su administración, ya solo era indicado para mayores de 60 años.
«Una vez más, los tribunales interfieren en la gestión de la pandemia y en una estrategia de vacunación que, además es estatal y que no hemos decidimos solo nosotros», ha lamentado la consellera.
