Policías gallegos en Cataluña: «Vacunaron a los Mossos y a la guardia urbana y a nosotros no. Es un desprecio más»

Les tocaba inmunizarse, como a los compañeros de otras comunidades, hace un mes. Pero la Generalitat saltó a estos colectivos y ahora el Gobierno tratará de reconducir la situación

El sindicato Jupol fue una de las organizaciones que apeló a la Justicia tras no vacunarse a los agentes nacionales ni a los guardias civiles en Cataluña
El sindicato Jupol fue una de las organizaciones que apeló a la Justicia tras no vacunarse a los agentes nacionales ni a los guardias civiles en Cataluña

Redacción / La Voz

La comisaría de la Policía Nacional en Mataró, en la provincia de Barcelona, queda a tiro de piedra de un centro de salud. Dada esta ubicación, hace casi dos meses, los agentes destinados en esta oficina veían desfilar hacia el ambulatorio a compañeros de los Mossos d´Esquadra, de las guardias urbanas catalanas (las policías locales) y de los servicios de emergencias para ser vacunados frente al covid-19. Una esperanza se abría entonces en su horizonte: contaban con ser inmunizados también de forma inmediata, dado que, al igual que esos compañeros que ya salían con el algodón en el brazo y el pinchazo del centro de salud, en la estrategia de vacunación común para toda España, se indica que la Policía Nacional y la Guardia Civil son colectivos con función esencial para la sociedad. 

Pero pasaban los días, la vacunación a los compañeros de los Mossos d´Esquadra (la policía autonómica catalana) avanzaba y, sin embargo, en la comisaría de la Policía Nacional de Mataró no llamaban a nadie para ser inmunizado. Se fue corriendo la voz y aumentando la preocupación. Porque no solo no llamaban a los agentes de Mataró. Tampoco se citaba para vacunar a los policías nacionales de las demás comisarías catalanas (salvo a los que, por edad y como cualquier otro ciudadano, les iba tocando pero no porque les llamasen por pertenecer a un colectivo esencial). Y lo mismo pasaba con la Guardia Civil, cuyos miembros tampoco recibían apenas citaciones por parte de los servicios de salud a cargo de la Generalitat. «No se entendía nada de lo que pasaba, nosotros estamos aquí al lado del centro de salud y veíamos a compañeros de otros cuerpos vacunarse y nosotros nada, sin que nos llamasen. E incluso llamaron a algunos para la vacunación en El Prat y luego los desconvocaron sin que la Generalitat diese explicación alguna», cuenta José Vaz, que es representante del sindicato policial SUP en Mataró y que, además, es también uno de los policías gallegos, concretamente de Pontevedra, que ejercen su labor en Cataluña

La preocupación se fue haciendo más grande, sobre todo, cuando se vio que en otras comunidades, como es el caso de Galicia, el grueso de los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil estaban ya vacunados. En Galicia, por ejemplo, a principios de marzo se inmunizó con una primera dosis de AstraZeneca a la mayoría de los agentes y, aunque todavía faltan inmunizaciones, los sindicatos de estos colectivos reconocen que el avance es grande. 

En Cataluña, tras comprobar que solamente se vacunaba a los Mossos D´Esquadra y a los guardias urbanos, los sindicatos de los otros cuerpos policiales decidieron actuar. Y lo hicieron con prudencia, siguiendo todos los pasos posibles para evitar confrontaciones. Lo cuenta otro policía gallego destinado desde hace años en Cataluña. Se llama Marcos Veiras, es natural de Ordes y es el portavoz del sindicato policial Jupol en Cataluña. Y señala: «Vacunaron a los Mossos y a la guardia urbana y a nosotros no. No nos dan los motivos pero en el fondo esto es un desprecio más, un ataque. No nos quieren aquí, esa es la conclusión que sacamos».

Veiras explica que, tras comprobar que la Generalitat, «en contra de lo que se establece en la estrategia nacional de vacunación, común para toda España pasó al siguiente grupo prioritario sin vacunarnos a nosotros», su sindicato movió ficha. Primeramente, se dirigieron por escrito a la delegada del Gobierno en Cataluña, a la que le pidieron que reanudase la vacunación el colectivo. Luego, escribieron también a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dándole cuenta de lo sucedido. Y pidieron también amparo al Defensor del Pueblo, pero no consiguieron contestación en ninguno de los casos. Así, lo siguiente fue reunirse con la jefatura policial, que les indicó que no veía solución posible puesto que la vacunación dependía de las comunidades autónomas.

Con bastante impotencia ya, amplificada tras escuchar además a algún líder independentista hacer explosivas declaraciones aludiendo a que quizás no se vacunaba a policías nacionales y guardias civiles porque no tenían suficiente sentimiento catalán (se expresó en esos términos Adrià García, dirigente de las juventudes de Demòcrates de Catalunya, partido integrado en el grupo Junts de Carles Puigdemont), decidieron recurrir a la única vía que les quedaba: la Justicia. Tal y como explica el gallego Marcos Veiras, primero presentaron una denuncia ante un juzgado de instrucción catalán contra la Generalitat de Cataluña por un presunto delito de prevaricación administrativa y un ilícito contra la prevención de riesgos laborales. Y, acto seguido, apelaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, solicitándole medidas cautelares para que reanude la vacunación policial de forma inmediata. De momento, la Justicia, a la que también recurrieron más sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la misma causa, todavía no se pronunció al respecto. 

Con estos antecedentes, resulta más fácil de comprender lo sucedido el martes. Ese día, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dio a conocer que el Gobierno va a asumir la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. Y que lo hará porque, según explicó la propia Darias, desde el Ejecutivo central se intentó en distintas ocasiones que la Generalitat inmunizase a estos colectivos y «fue un fracaso». La ministra enfatizó que se trata de la única comunidad en la que se dio esta disfunción. Así, los datos que aportan las fuentes sindicales son elocuentes. Los sindicatos de la Policía Nacional y distintas asociaciones de la Guardia Civil llevan semanas denunciando que mientras en el resto de España ya se ha administrado la primera dosis a más del 76 % de los agentes, en esta comunidad esa cifra no alcanza el 15 %, a pesar de que la estrategia de vacunación les dio prioridad como personal esencial.

Aunque desde los sindicatos policiales se agradece el golpe en la mesa del Gobierno central para tomar las riendas de la vacunación policial en Cataluña, hay preocupación por cómo se hará esta inmunización. Y también cierto desánimo por la situación creada: «No sabemos cómo va a ser el proceso, si traerán a enfermeros de fuera o si obligarán a la Generalitat a vacunarnos», dicen. 

La Generalitat se escuda en los cambios con AstraZeneca para justificar su actitud 

El Departamento de Salud de la Generalitat, por su parte, asegura que sí que ha vacunado a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña, aunque admite que empezó tarde por retrasos en la entrega de los censos y que fue poco antes de la suspensión temporal de AstraZeneca.

En una rueda de prensa telemática, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep María Argimon, explicó que, en el momento que empezaron con la vacunación de colectivos esenciales con AstraZeneca, entre ellos los Mossos d'Esquadra, solicitaron los censos y que «en el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil llegaron más tarde».

Cuando finalmente los tuvieron, el Departamento de Salud comenzó la inmunización entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «en dos centros y con dos grupos móviles», pero «al poco de iniciarla es cuando llega la suspensión cautelar de AstraZeneca» por los casos poco frecuentes de trombosis, ha relatado Argimon. Cuando se retomó la inoculación de este suero, el Ministerio de Sanidad lo limitó a personas mayores de 60 años, con lo que quedó «un número más pequeño» de agentes de esta edad en los dos cuerpos policiales, ha añadido Argimon.

Los sindicatos policiales rechazan de plano esta tesis y señalan que se dejó atrás a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Y no dejan de aportar cifras. Por poner un ejemplo, en el caso de la Policía Nacional señalan que a fecha del 16 de abril, de una plantilla de 3.783 agentes, solamente estaba vacunado el 5,29 %. 

Policía y Guardia Civil aplauden que el Gobierno asuma su vacunación 

Sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil celebran que el Gobierno haya asumido vacunarlos en Cataluña, lo que ven una decisión «acertada» que valoran «positivamente», ante el abandono que consideran que han sufrido los agentes por parte de la Generalitat. Así lo han indicado el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el sindicato policial JUSAPOL y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), después de que el Gobierno anunciase ayer que sanitarios de ambos cuerpos se encargarán de la vacunación de sus agentes en Cataluña tras no haber sido atendidos por la Generalitat.

En un comunicado, la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL y el sindicato policial JUSAPOL han celebrado la decisión tomada ayer por el Gobierno para asumir la vacunación de los agentes en Cataluña. Para JUCIL y JUSAPOL, se trata de «una medida que el Gobierno central ha tenido que tomar, ante la dejadez reiterada y el abandono que la Generalitat ha demostrado hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

De hecho, estas organizaciones llegaron a interponer una denuncia por esta situación ante los juzgados de Barcelona contra la Generalitat, por un delito de prevaricación administrativa y contra la prevención de riesgos laborales. Además, también presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitando medidas cautelares y urgentes contra la Generalitat para que reanudara el plan de vacunación para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el Gobierno ha reconocido sus quejas por la situación de los agentes en Cataluña, aunque ha advertido de que «vigilará de cerca este proceso para que, en efecto, se cumpla de inmediato este proceso de vacunación».

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) también ha agradecido la decisión del Gobierno, tras pedir amparo al Ejecutivo y a la Dirección General de la Policía por «el vergonzoso uso político de un asunto tan serio como la vacunación de funcionarios».

Según fuentes del Gobierno consultadas por Efe, cuando el 10 de febrero se inició la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, remitió una carta al consejero de Interior para solicitar información sobre la fecha de vacunación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. La Generalitat contestó el 12 de febrero anunciando que tres días después se podrían en contacto para iniciar los trámites.

Por este motivo, la Delegación del Gobierno trasladó el 16 de febrero a la Consellería de Interior todas las personas de contacto para coordinar la programación, si bien el 24 de febrero los Departamentos de Interior y Salud les convocaron a una reunión para abordar la cuestión, cuando ya hacía quince días que se estaba vacunando a los cuerpos de seguridad y emergencias en Cataluña.

En la reunión, que se celebró el 4 de marzo, la Policía Nacional y la Guardia Civil facilitaron todo el personal e infraestructura para poderse vacunar y se planificó un dispositivo para agrupar a los 7.000 agentes de ambos cuerpos en nueve grupos, según las fuentes.

Del 5 al 23 de marzo, se planificó la vacunación para los días 25, 26 y 29 de ese mes, aunque, sin embargo, el 24 de marzo por la tarde, antes de iniciarse la vacunación, la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron órdenes de la Consellería de Salud para desprogramar toda la vacunación de los menores de 60 años -que son la mayoría-, según las fuentes.

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno pidió explicaciones, que no llegaron hasta el pasado 8 de abril, cuando la Generalitat les notificó, según las fuentes, que se recomendaba no administrar AstraZeneca al colectivo de menores de 60 años. Ni una explicación más. 

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