Las áreas sanitarias tutelan el estado de los mayores en residencias privadas

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

SOCIEDAD

La residencia San Carlos de Celanova, este domingo
La residencia San Carlos de Celanova, este domingo MIGUEL VILLAR

Las comunidades tendrán el control de todos los centros y la Xunta avanza en su propio protocolo de actuación

23 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Las comunidades autónomas han aprovechado el contacto directo con el presidente Pedro Sánchez para despejar dudas sobre la situación de las residencias de mayores y de discapacitados, que es el segundo asunto que más preocupa a los presidentes por detrás de la llegada urgente de material sanitario.

Todos dejaron constancia de que, precisamente, esa falta de elementos de protección es también el principal escollo para poder garantizar la seguridad de las personas internas y de los trabajadores, que están multiplicándose en los últimos días para resolver los problemas internos que se complican por el confinamiento al que se deben someter los residentes.

Lo relevante de la reunión es que el Gobierno de España ha dado el mando de la situación a las comunidades y, en el caso de Galicia, la Consellería de Sanidade ha desdoblado esa responsabilidad hacia los directivos de las áreas sanitarias, que ahora son responsables de tutelar y monitorizar cada una de las situaciones que se den en las residencias, ya sean públicas, concertadas o privadas.

En total, en Galicia hay unos 20.000 mayores adscritos a estos centros, aunque algunos han regresado con sus familias en los días previos a la orden de confinamiento.

La Xunta cree que debe existir un protocolo unificado para reaccionar ante el posible aumento de los contagios en espacios considerados de alto riesgo, pero como el Gobierno todavía no ha marcado las pautas se ha avanzado en uno propio que se va afinando con los días.

«Las autoridades tienen que estar muy atentas a los brotes y controlar las instrucciones a través de la atención primaria o preventiva. Todos los presidentes creen que es una prioridad sanitaria de prevención», explicó Feijoo, quien ha precisado que hay una treintena de usuarios infectados en la comunidad.

Ha recordado que hay 13 en Celanova, otro en Caldas de Reis, cinco en el centro Domusvi de San Lázaro (Santiago) y ha concretado una cifra que por el momento no se conocía: los usuarios contagiados en Domusvi Barreiro, de Vigo, que ascienden a once. Además, en ese mismo centro vigués hay dos trabajadores que han dado positivo, y un total de 11 en Celanova.

Dificultades de comunicación

La preocupación de los presidentes por las situaciones que se están viviendo quedaron patentes en las intervenciones con Sánchez, en las que se dio cuenta del delicado momento que están viviendo miles de familias en España. En Galicia, Feijoo pidió disculpas y comprensión por el hecho de que, en ocasiones, los trabajadores de las residencias no pueden contestar a tiempo o como les gustaría a las llamadas de la gente que se interesa por el estado de sus seres queridos, a los que no pueden visitar por orden autonómica. «Los profesionales están trabajando con personas de gran dificultad, algunos encamados que necesitan ser alimentados y asistidos, y hay muchas llamadas», explicó.

Los trabajadores están desbordados y algunas llamadas de familias no se pueden atender

Galicia protesta por el criterio de reparto de 300 millones para políticas sociales

La Xunta ha aprovechado el contacto dominical con el presidente Sánchez para plantear su «desacuerdo» con el reparto del paquete de 300 millones de euros para asuntos y servicios sociales en las comunidades para atender a los mayores, y es que, a juicio de Feijoo, se han utilizado unos criterios que no puede compartir por el valor de ponderación que se hace para atender a los mayores de 65 años, que deja a Galicia mal parada al tener un 25 % de población mayor de esa edad, muy por encima de otras comunidades.

«No tiene ningún sentido, pero le he entendido al presidente Sánchez en su turno de cierre que tomaba nota de la propuesta de Galicia en relación a este reparto». El martes comunicaron a la Xunta que le correspondían 25 millones de euros, y el jueves rebajaron esa cantidad a 17.