En cuanto a la financiación, el nuevo Acuerdo de París obliga a los países desarrollados a contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en vías de desarrollo, y anima a los estados que se encuentren en condiciones económicas de contribuir a que efectúen aportaciones voluntariamente. En este sentido, la intención de financiar debe ser comunicada dos años antes de transferir los fondos.
Según el Acuerdo, el compromiso radica en lograr que para el 2025 se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año. En un principio, Estados Unidos y China, buscaron «liderar» la lucha contra el cambio climático y se fijaron metas de reducción de emisiones.
China, por su parte, prometió impedir el crecimiento de gases invernadero a partir del 2030 y EEUU, que se comprometió entonces a recortarlos entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles del 2005, cambió su posición tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero del 2017.
El artículo 28 del mismo establece que la salida no se produciría oficialmente hasta pasados cuatro años. Según ese artículo, solo se puede solicitar la retirada tres años después de la entrada en vigor del Acuerdo y un año después de la notificación por escrito al Secretario General de la ONU.
Atrás queda la asociación de EE.UU. y China, los países más contaminantes del mundo -entre los dos suman cerca del 40 % de las emisiones globales-, contra el cambio climático. En un principio fue éste el punto de mayor consenso, el mismo que les llevó a ratificar el 3 de septiembre del 2016 juntos, en un acto en la ciudad china de Hangzhou, el Acuerdo de París.
El 22 de junio del 2016, el Acuerdo de París y la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático (UNFCC) fueron galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, máxima distinción que se otorga en España.
