Ricardo Saavedra relata todo el proceso que tuvo que seguir para lograr la nulidad de su matrimonio por la Iglesia, un proceso que duró dos años
11 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«Una amiga que lo estaba haciendo me dijo que era más fácil de lo que decían. Así que pedí una cita en el tribunal de Santiago». Esto evoca Ricardo Saavedra al detallar cómo inició los trámites para lograr la nulidad de su matrimonio por la Iglesia. El proceso duró unos dos años y el coste del mismo fue de «algo más que el de un divorcio, poco más». La cantidad rondó los 1.300 euros, si bien «cada paso podías hacer el ingreso de una parte».
Con la persona que le recibió en Santiago «estuve hablando tres horas y al terminar me dijo 'usted verá lo que hace, pero creo que esto es nulo'». Y lo que hizo fue poner en marcha el proceso, para el que, según le indicaron, no necesitaba ni abogado ni procurador. Lo que hizo Saavedra fue presentar fotocopias del expediente matrimonial, «me citó el ponente un día, repasamos toda la trayectoria y al acabar ya empezó a escribir la demanda». Una vez presentada la misma «tuvieron que ir dos testigos de referencia que conocieran al matrimonio», si bien «la parte contraria no presentó a nada». Este ausencia la cubrió el llamado «abogado del diablo» (defensor del vínculo).
Saavedra recuerda que como parte del proceso tuvo que someterse a una prueba psicosocial: «Tuve que ir a un psiquiatra». Con todo ello, y pasado un tiempo, llegó la primera sentencia de Santiago y posteriormente la decisión de la Rota de Madrid. El primero aprobó la nulidad basándose en tres razones: la primera era la inmadurez de los contrayentes, la segunda «que nos habíamos casado con una persona que no era la que pensábamos que era» y la tercera una cuestión médica. En el caso de la sentencia de Madrid el acuerdo con la de Santiago era casi unánime, si bien no aceptó como causa de nulidad la inmadurez del demandante. Saavedra apunta que, lógicamente, el proceso de Santiago es más lento que el de Madrid.
En cuanto a la nueva normativa, entiende que los plazos no serán tan largos y que se simplificarán ya que en la legislación que había hasta ahora «el proceso era excesivamente garantista».