Los puntos más polémicos de la Lomce

La vuelta de la reválida o la importancia de la religión son algunos de los cambios que más críticas han generado


La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) -también conocida como Ley Wert- ha llegado agarrada de la mano de este nuevo curso escolar y con una estela de fuertes críticas por parte de toda la comunidad educativa. Aprobada solo con el apoyo del Partido Popular, la séptima ley educativa de la democracia, se ha topado de frente con la censura de todos los partidos de la oposición y sobre todo con la de padres, alumnos y profesores. Estos son algunos de los puntos que más rechazo han generado esta nueva normativa, que este año estrenarán los alumnos de Primaria y Formación Profesional.

La vuelta de la reválida

Al final de cada una de las etapas educativas (Primaria, Secundaria y Bachillerato) se realizará una prueba externa de evaluación. Serán elaboradas por el Ministerio y perseguirán un único objetivo: evaluar y corregir la gestión del sistema. Según la propia ley, se pretende «garantizar que todos los alumnos y alumnas alcancen los niveles de aprendizaje adecuados conforme el título pretendido», además de equipara y normalizar todos «los estándares de titulación en toda España».

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato, cuya nota final se obtendrá teniendo en cuenta el resultado en las notas de final de curso y la prueba de evaluación final del Ministerio, deberán aprobar esta nueva reválida para poder obtener su título.

La prueba de evaluación final de la ley Wert, además, se convierte en la sentencia de muerte de la conocida Selectividad.

La reválida no solo servirá para evaluar las capacidades de los alumnos, si no también para revisar los fallos que puedan tener los centros de algunas comunidades o la validez de los directores y profesores para dirigir a sus pupilos.

Profesores externos para corregir exámenes

Uno de los puntos más polémicos de las pruebas externas de evaluación es precisamente el de su corrección. Y es que las nuevas reválidas podrán ser corregidas y calificadas por profesores externos al Centro educativo al que pertenezcan los alumnos examinados. Además, dichos correctores no tienen porque ser funcionarios.

Algunas organizaciones educativas ya han denunciado que este hecho podría perjudicar a la objetividad y la independencia que la función pública garantiza.

La importancia de Religión

La asignatura de Religión, voluntaria, tendrá validez académica, lo que permitirá que cuente para la petición de una beca. De esta forma, el PP consiente las peticiones de la Conferencia Episcopal. Como alternativas obligatorias tendrá Valores Sociales y Cívicos (Primaria) y Valores Éticos (Secundaria), que también podrán escogerse como opcionales. La asignatura de Educación para la ciudadanía, que hasta ahora era obligatoria, desaparece.

Filosofía, Tecnología o Música pierden importancia

Estas asignaturas perderán peso frente a otras que el Estado considera mucho más importantes, tales como Lengua o Matemáticas.

La Lomce distingue entre «asignaturas troncales», «específicas» y «de libre configuración autonómica» (esta última es donde se incluya la asignatura Lengua Cooficial y Literatura en aquellas autonomías que la posean). Las troncales, que serán diseñadas por el Gobierno, serán las más importantes con una carga lectiva mínima del 50 % del horario total.

El castellano, intocable

El castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. Por ello, el Gobierno se compromete a adelantar el pago de la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que no tengan la garantía de aprender las asignaturas en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades que posean una lengua cooficial. A estas escuelas el Ejecutivo les descontará el pago de esos alumnos de la financiación autonómica que les corresponda.

Suelo público para centros concertados

La Lomce permitirá a las administraciones educativas convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público.

Dinero para los centros que segregan por sexo

Además, otra de las medidas que ha generado bastantes críticas es la que beneficia a los centros que separan a los niños por sexo. Estos colegios no tendrán que «justificar de forma objetiva y razonada» ese modelo educativo para optar al concierto, y se permitirá que vuelvan a solicitarlo aquellos a los que se les denegó en el 2013 por educar de forma separada.

El nuevo papel de profesores y directores

Los directores de los centros educativos serán designados con una serie de requisitos previos, entre ellos, su experiencia, tendrá una especial importancia. El nombramiento de los directores, que desempeñarán su cargo por cuatro años, estará supeditado a una evaluación positiva de su trabajo, bajo criterios públicos y objetivos en los que se incluirán las evaluaciones individualizadas de los alumnos. Por su parte, las comunidades autónomas podrán establecer un límite en la renovación de sus mandatos.

Además, deberán acreditar cinco años de docencia y un curso específico de formación.

El consejo escolar, el gran olvidado

Los miembros del equipo directivo del centro y los profesores serán considerados autoridad pública; mientras que el consejo escolar del centro perderá poder y tendrá funciones meramente consultivas.

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