Nuclenor pide alargar el permiso de la central nuclear de Garoña hasta el 2031

La central, cerrada desde el pasado 7 de julio, cumpliría así los 60 años de explotación

La central de Garoña
La central de Garoña

Nuclenor -sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola- ha presentado ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud para reabrir la central nuclear de Garoña, tal y como había anticipado hace nueve días la eléctrica presidida por Borja Prado. Según informa en una nota de prensa, Nuclenor pide poder explotar la central hasta el 2 de marzo del 2031, de forma que cumpliría los 60 años de vida útil. Un periodo «que es consistente con la práctica regulatoria existente en Estados Unidos, país origen de la tecnología de la planta», y que la sociedad considera «necesario para hacer viable el proyecto».

La solicitud presentada por Nuclenor va acompañada de la documentación «que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para la autorización de explotación». La información remitida a Industria, explica la empresa propietaria de Garoña, «demuestra que se dispone de un adecuado control del comportamiento de las estructuras y equipos de la central y permite asegurar su capacidad para realizar las funciones de seguridad a largo plazo». También incluye «el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las pruebas de resistencia y las Instrucciones Técnicas Complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear».

«Nuclenor -prosigue el comunicado- se compromete a desarrollar -antes de cargar combustible en el reactor de la central- las modificaciones de diseño que fueron requeridas con anterioridad por el CSN en su informe al MINETUR, relativas a: modificaciones sobre el aislamiento de contención, la independencia de sistemas eléctricos, protección contra incendios y nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva (SBGT)». La sociedad participada por Endesa e Iberdrola tenía hasta el 6 de julio para pedir la renovación de la licencia de actividad de la central.

A partir de ahí, es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que debe evaluar el estado de las instalaciones y establecer las condiciones de su reapertura. En un principio, los propietarios de la central atómica burgalesa habían renunciado a prolongar su actividad porque los nuevos impuestos introducidos en la reforma eléctrica no garantizaban la rentabilidad del negocio. Pero el Gobierno ha despejado en los últimos meses el camino para la reapertura de Garoña al introducir cambios legislativos que le eximen de pagar de forma retroactiva el impuesto que grava el combustible nuclear gastado. Además, el pasado mes de febrero el Ejecutivo aprobó un reglamento que introduce la posibilidad de que, tras la declaración de cese de actividad de una instalación nuclear, el titular pueda volver a pedir la autorización de explotación. Salvo que «existan razones de seguridad que lo impidan, y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración de cese.

Reacciones

El Foro de la Industria Nuclear celebra la decisión de Nuclenor de pedir la reapertura de la central de Garoña, que según sus datos, genera el 6% de la producción nuclear española. «Si consideramos que la operación es segura y que es sostenible por la ocupación scoial en el enotnro, consideramos que es una buena decisión y sería bueno que Santa María de Garoña siguiera operando a largo plazo», ha añadido la Sociedad Nuclear Española (SNE).

«La solicitud es delirante porque la central está en muy malas condiciones de seguridad», ha asegurado pr su parte el portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, quien ha asegurado que los cambios impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura «no son suficientes para llevar la central a unos niveles de seguridad aceptables y menos para funcionar durante 17 años más».

La Junta de Castilla y León, por su parte, considera «positiva» la solicitud planteada por Nuclenor y niega que el Gobierno esté haciendo un traje a medida a favor de estas empresas, como sostienen grupos ecologistas. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha defendido las «pretensiones» de la compañía porque la decisión de no prorrogar la actividad de la central de Garoña fue «absurda» y «precipitada» por «razones ideológicas».

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