La decisión se ha aprobado por mayoría en el Consejo de Seguridad Nuclear, con los votos en contra de los representantes del PSOE
25 may 2013 . Actualizado a las 02:11 h.El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha votado hoy por mayoría a favor de conceder un nuevo plazo a la central de Garoña para considerar la prórroga de su vida útil, que expira el próximo 6 de julio, han confirmado a Efe fuentes del CSN. Las consejeras del PSOE, Rosario Velasco y Cristina Narbona, han votado en contra de la petición de Nuclenor (propietaria de Garoña), y los dos consejeros del PP, Fernando Castelló y Fernando Martí (presidente del CSN), y el de CiU, Antonio Gurrí, lo han hecho a favor. El representante de CiU, según las mismas fuentes, presentará en los próximos días un escrito para explicar el sentido de su voto.
Esta es la cuarta vez, en menos de una semana, que se reunía el pleno del CSN para debatir sobre esta cuestión, después de que el pasado día 17 recibiera el encargo del Ministerio de Industria de estudiar la demanda de Nuclenor y emitir el preceptivo informe. Dicho informe deberá estar listo antes del próximo 1 de junio, un periodo de tiempo «excesivamente» corto para poder realizarlo con garantías desde el punto de vista de la seguridad de la planta, han denunciado las organizaciones ecologistas.
Con la decisión hoy del CSN, Nuclenor tendrá un año más para estudiar si prolonga la vida útil de la nuclear de Garoña, aunque su pretensión es no producir energía durante ese periodo y permanecer en parada fría.
La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil -fue una de sus promesas electorales-. Nuclenor se negó entonces a solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
En las últimas semanas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha insistido en que si el CSN -máximo órgano en materia de seguridad y protección radiológica del país- era favorable a la demanda de Nuclenor, también lo sería el Gobierno.
En diciembre del 2012, Garoña se desacopló de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos.