En la práctica, la nueva ley eliminará todos los obstáculos para exigir la retirada de contenidos presuntamente ilícitos e incluso bloquear el acceso no solo a portales de enlaces, sino también a los sitios web que «hayan causado o sean susceptibles de causar daño patrimonial».
-¿Por qué se cambia?
-Pese a tener solo un año de vida, la ley Sinde resultaba poco operativa porque exigía unos trámites burocráticos que retrasaban considerablemente el proceso administrativo dirigido al cierre de las webs que infringían los derechos de autor. En un año solo se resolvieron treinta denuncias, y hay ochenta en investigación. Ante esta situación, Estados Unidos ya había amenazado con volver a incluir a España en la lista de países piratas.
-¿Se acabarán las reformas?
-No. El ministro José Ignacio Wert ya anunció que en esta misma legislatura está prevista la aprobación de una ley de propiedad intelectual que será de «mayor calado».
-¿Por qué es más ágil?
-Frente a la imposición actual de denunciar «obra a obra» su supuesto uso ilegal, lo que conllevaba un procedimiento por cada demanda, ahora se podrá pedir la retirada de un catálogo de obras e, incluso, todo el repertorio de una discográfica en un solo expediente.
-¿Cuál es el papel de los proveedores de servicios y de las empresas de publicidad?
-Si el supuesto infractor no obedece al requerimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, los anunciantes están obligados a retirar su publicidad y los proveedores de Internet deberán bloquear el acceso a la web bajo amenaza de multas.
-¿Qué pasa con la copia privada?
-La norma actual permite hacer copias privadas de las obras siempre que se haya accedido a ellas de forma legal. Ahora se reduce a aquellas hechas a partir de «un soporte original adquirido en propiedad por compraventa comercial». La copia deberá hacerse por medios propios, sin asistencia de terceros.