La administración exige unos 7.000 euros a cada uno.
22 ene 2012 . Actualizado a las 14:34 h.El Departamento de Bienestar Social y Familia ha pedido a 87 personas discapacitadas la devolución de unos 7.000 euros cada una porque la Generalitat les pagó durante varios años subvenciones que eran incompatibles o complementarias.
El departamento que dirige el conseller Josep Lluís Cleries reconoce que se trató de un error de la administración, pero arguye que, al tratarse de dinero público, la ley obliga a la Generalitat a exigir su devolución.
El departamento ha enviado cartas a las 87 familias afectadas que cobraron durante algunos años dos o más ayudas que eran incompatibles o complementarias, sin que la administración lo advirtiera.
Fuentes del departamento han negado que se trate de cartas de apremio para devolver el dinero, sino que se les comunica que cobraron indebidamente un dinero y deben devolverlo, por lo que les facilitan un teléfono para que se pongan en contacto con ellos y negociar la forma de hacerlo.
El departamento se ha comprometido a que esta devolución no sea en ningún caso traumática y ha garantizado que las personas que no puedan devolverlo se les cobrará restándoles cantidades pequeñas, «de 10 euros mensuales si fuera necesario», una vez los afectados cobren las ayudas de la Ley de la Dependencia.
De los 87 afectados, 30 de ellos renunciaron a las ayudas de la dependencia, en algún caso porque las ayudas que ya cobraban sumaban un importe superior a las que les ofrecía la de la dependencia, por lo que, ahora que ya no cobran una de las dos ayudas, deberán volver a tramitar la petición de dependencia.
Una de las personas afectadas, el vecino de Barcelona M.A.R.G, que padece una discapacidad de nivel 3 de gran dependencia, recibió a finales del 2010 el aviso de que debía devolver 7.377,60 euros porque cobró, desde el 2002, una prestación económica de 240,40 euros mensuales del programa Viure en Familia dentro del Programa de Apoyo a las Dependencias.
El derecho a cobrar esta prestación se le extinguió en el año 2006, pero M.A.R.G siguió cobrando la ayuda «de manera improcedente».
Fuentes del departamento han señalado que en este caso el afectado cobró dos prestaciones, una de ellas una pensión no contributiva, que eran complementarias, por lo que se le reclama que devuelva 153,70 de los 240,40 euros mensuales que cobró entre el 1 de diciembre del 2006 y el 30 de noviembre de 2011: en total 7.377,60 euros.
El departamento ha ofrecido a este afectado, cuya familia denunció su caso al Síndic de Greuges y presentó un recurso de alzada contra la decisión de la administración, fraccionar esta devolución y, en cualquier caso, se ha comprometido a no cobrársela hasta que tenga adjudicada la ayuda de la ley de la dependencia.
«No todo el mundo está en la misma situación, por eso estamos hablando con cada usuario para analizar su situación y llegar a un acuerdo para ver qué cantidad se le puede descontar cada mes de la prestación de dependencia sin que afecte a su economía familiar», ha asegurado la portavoz del departamento.
En cualquier caso, la conselleria ha insistido en que no reclamarán el pago de ningún dinero hasta que no cobren las ayudas de la ley de la dependencia y haya un acuerdo con la familia.