En el verano de 1981 viví en Londres en lo que entonces se conocía como un squat. Bajo ese término se escondía en realidad una casa que no estaba habitada y a la que se accedía por el método de darle una patada a la puerta. Allí vivíamos media docena de jóvenes de diversas nacionalidades. Yo fregaba platos en un restaurante. Un día pregunté a mis compañeros de piso en qué trabajaban. Me quedé atónito cuando me contestaron que en nada. Simplemente, vivían en el squat. Teníamos luz, agua, electricidad y calefacción gratis. Recuerdo que llegó una carta de un organismo oficial con el siguiente encabezamiento: «Dear squatters:». ¡La Administración no solo nos permitía vivir en una casa que no era nuestra y con todo pagado, sino que además nos trataba con respeto!
Poco después, supe que todos mis compañeros cobraban cerca de 100 libras semanales del Estado británico sin otro requisito que el solicitarlas. Lógicamente, ninguno veía necesidad de trabajar para pagarse lo que ya tenía gratis. Consideraban estúpidos a los que trabajaban o estudiaban y directamente despreciables a quienes se enriquecían con su trabajo o su negocio.
Aquello me parecía excitante, pero un tiempo después regresé a España convencido de que, lejos de una ayuda, aquello era una agresión contra una juventud a la que se invitaba a dejar los estudios y vivir sin trabajar, cercenando así de raíz cualquier posibilidad de progreso económico y social. Si alguien me hubiera dicho que eso era el Estado de bienestar, le hubiera mandado a paseo. Y, sin embargo, era eso lo que pensaban entonces muchas personas y no pocos Gobiernos europeos.
Han tenido que pasar treinta años y llegar una crisis económica sin precedentes para que el concepto del bienestar que el Estado debe garantizar empiece a cambiar. Con un paro por encima del 20 % y una reducción brutal de los ingresos fiscales, el verdadero y único bienestar que puede y debe preservar el Estado, además de la sanidad, las pensiones y la educación gratuita, es el garantizar que todo aquel (y solo aquel) que esté dispuesto a formarse para trabajar o a emprender un negocio que genere empleo disponga de los medios para ello. Solo con esa política será posible que, en el futuro, la aspiración de los jóvenes y del resto de la sociedad sea vivir lo mejor posible con el fruto de su estudio, su trabajo y su esfuerzo. Y que quienes crean riqueza y empleo, lejos de ser considerados despreciables y egoístas, sean reconocidos como verdaderos motores de la sociedad y auténticos garantes del Estado de bienestar. Tratar de recuperar la política del squat, incluso cuando se supere la crisis, solo conducirá al suicidio social y económico.
Periodista