No ha servido de nada que el Consejo Fiscal considerara dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos -algunos de ellos derechos fundamentales- por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
No han servido tampoco de nada las objeciones del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Económico y Social, ni del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ni que haya otros órganos consultivos que todavía no han emitido sus respectivos informes. Ni mucho menos han servido de nada las múltiples opiniones de jueces y abogados que la ponen en tela de juicio. Y, por supuesto, no ha servido de nada que se desatara un auténtico clamor en contra entre los usuarios de Internet de España.
A pesar de todo esto, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 19 de marzo la Ley de Economía Sostenible para su envío a tramitación parlamentaria al parecer sin modificar ni una coma de la disposición final primera, conocida también como la ley Sinde , que establece una comisión capaz de cerrar páginas web en cuatro días sin intervención judicial. La idea, al menos tal y como la venden desde el Gobierno, es utilizarla contra dos o tres decenas de páginas web que vulneran los derechos de propiedad intelectual, a pesar de que una reciente sentencia del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona diga textualmente que «las redes P2P no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual».
Intenciones de la SGAE
Pero el problema es que esa ley se puede utilizar perfectamente contra cualquier otro tipo de web, y, de hecho, a Teddy Bautista, el presidente de la SGAE, se le veían claramente las intenciones en unas recientes declaraciones en las que decía que «tendremos que ver si cortando el bombardeo de páginas ilegales es suficiente o hay que ir más allá».
Así que habrá que ver cómo reaccionan el resto de los grupos parlamentarios y si le plantan cara como han dicho que harían, pero, desde luego, en su forma actual la ley Sinde es un verdadero atentado contra las libertades y derechos fundamentales de los usuarios de Internet.