La ley de dependencia dio ayer, viernes, un nuevo paso hacia su aplicación real entre los ciudadanos. El Consejo de Ministros aprobó el decreto que sustenta la base financiera del sistema de atención a los dependientes y las condiciones laborales para sus cuidadores, que podrán ser amigos o vecinos de la persona incapacitada cuando ésta no pueda recurrir a los parientes. El decreto permitirá a quienes tengan que dejar su trabajo para cuidar a un enfermo mantener su base de cotización. En el nivel básico, el Gobierno pagará 250 euros al mes a las comunidades por cada gran dependiente de nivel II -los más incapacitados-, y 170 por los de nivel I, correspondiente a menos graves. Este dinero se suma a los 220 millones que distribuirá el Ejecutivo entre las autonomías para completar la aportación del Estado al sistema, presupuestada en torno a 450 millones de euros para este año. En total, en el 2007 se destinarán 1.014 euros de dinero público al mes a atender a cada gran dependiente. Pero el usuario no va a ver ni a percibir estos euros. Son cuentas entre administraciones y objeto de un intenso tira y afloja financiero. Las autonomías del PP se quejan de la insuficiente aportación. Hasta 487 euros Lo que atañe al usuario es que, una vez catalogado como dependiente, su comunidad deberá prestarle los servicios acordados según su grado de discapacidad. Este año sólo lo hará a los grandes dependientes de niveles I y II, unos 200.000 en toda España. Deberá buscarles una residencia o un asistente, centros de día o de noche, prestarles ayuda a domicilio, teleasistencia... lo que requiera cada caso. Sólo si los servicios sociales autonómicos no pueden prestar estos servicios, el dependiente recibirá dinero en metálico. Serán 780 euros al mes para los grandes dependientes de nivel II y 585 para los del nivel I. Si la atención se la presta en el hogar un miembro de su familia, el cuidador cobrará 487 euros al mes (nivel II) o 390 euros netos (nivel I), y deberá darse de alta en la Seguridad Social.