El ejercicio «profesional» de la prostitución no será regulado. El grupo parlamentario de trabajo que estudia el tema desde hace casi diez meses optó ayer por esquivar el punto central del debate e incidir en la represión de la explotación forzada, y en medidas para reducir la demanda de servicios sexuales. Ente otras, se pedirá a los diarios que prescindan de los anuncios de contactos. Desde mayo pasado más de 80 expertos han desfilado por la ponencia de la comisión mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer para analizar el fenómeno, sus connotaciones sociales, legales y laborales, y las distintas salidas que le han buscado en otros países europeos para mejorar la protección de las mujeres que mayoritariamente lo ejercen. Desde entonces también ha sido evidente la ausencia de un consenso social y político sobre el estatus legal o reglamentario que debe tener el oficio más viejo del mundo. No es un trabajo De entrada, para los dos partidos mayoritarios, socialistas y PP, la prostitución no debe considerarse tal oficio. Sólo IU y Esquerra Republicana (ERC) abogan por dar rango laboral al trabajo de las asalariadas del sexo, lo que garantizaría -dicen- la protección de las meretrices y el reconocimiento de sus derechos y obligaciones. El PSOE presentó una propuesta que pretende servir de base a la discusión aún en curso, en la que rechaza que la prostitución sea «equiparable» a un trabajo. Incluso aunque se trate de una actividad que la mujer ejerce de forma voluntaria, los socialistas se atienen al criterio de Naciones Unidas, que considera la prostitución como «explotación sexual aunque haya consentimiento por parte de la víctima», recalcó la socialista Lourdes Muñoz. El texto del PSOE, abierto a sugerencias, ve además problemas de encaje jurídico para una regulación laboral de la prostitución. Cree que atenta contra los artículos 9 y 14 de la Constitución y contra la normativa laboral, porque «no caben derechos laborales cuando existe vulneración de los derechos fundamentales». Además, considerar la prostitución como un trabajo cualquiera «normaliza» el comercio sexual y manda un mensaje de tolerancia social hacia estas prácticas, «atentatorias contra los derechos humanos». Y recuerda que en aquellos países donde se ha dado carta de naturaleza legal al sexo remunerado, el fenómeno ha aumentado. La ley permite el ejercicio de la prostitución a los mayores de edad, pero está penado el tráfico de personas con tal fin y el proxenetismo.