El Gobierno y los sindicatos admiten el rapapolvo de la OCDE sobre educación

El mazazo de la OCDE al sistema educativo español, después de que un informe situara a España como el único país desarrollado donde ser titulado universitario no facilita el empleo o como el cuarto con mayor fracaso en secundaria, llevó ayer al Gobierno y a los sindicatos a entonar el mea culpa e intentar buscar soluciones para mejorar la calidad del sistema. La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, reconoció ayer, igual que la mayoría de los sindicatos de la enseñanza, «la necesidad de mejorar los niveles educativos», así como los mecanismos de «formación, conocimiento y competencia». Tras el informe de la OCDE, San Segundo se marcó como una de las prioridades «dar posibilidades económicas a los jóvenes para que no abandonen los estudios a los 16 años». Según dijo, el informe pone de manifiesto datos muy relevantes y necesarios para el diagnóstico que hay que hacer en torno a la LOE y adelantó que está claro que se van a necesitar «recursos de todas las Administraciones». En este sentido, la ministra recordó que por eso se ha puesto «mucho énfasis en que la reforma educativa es mucho más que una ley y va acompañada de una memoria económica que establece que en cinco años se deben dedicar más de seis millones de euros. De ellos, el 55% serán de la Administración central». Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF se apresuraron ayer a destacar la directa vinculación entre fracaso escolar y escasez de recursos económicos para la educación en España, mientras que las organizaciones más críticas con la nueva ley, como la CECE, FERE-CECA o ANPE, aprovecharon para solicitar modificaciones en el proyecto de la LOE, que inicia su tramitación parlamentaria. El portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STE), Augusto Serrano, señaló textualmente que «el Gobierno recoge lo que siembra, y queda clara la relación entre inversión educativa y resultados».

---

---

---