EUROPA se ha comprometido a destinar, antes del año 2015, el 0,7% de su riqueza a la cooperación con los más pobres de la tierra. Cumplir lo prometido supondría desviar al Tercer Mundo el doble de lo que se gasta cada año en las políticas de cohesión que perciben regiones como Galicia. ¿Tiene sentido ocuparse de las víctimas del sida en Sudán o Mazambique, o de las vidas que las hambrunas recurrentes se cobran cada año en Etiopía o en Somalia, mientras amplias zonas del club de los privilegios europeos no alcanza los estándares de riqueza y bienestar? Los 80.000 millones que la Unión Europea emplearía en la ayuda al desarrollo, no son sólo una obligación moral de quienes más tienen. Son, además, la forma de resarcir una deuda histórica con muchos países que arrastran las consecuencias de una descolonización desordenada e irresponsable. Aún hay más: para Europa es una necesidad respaldar el progreso de esa especie de agujero negro del que cada año salen miles de personas que buscan un acomodo entre nosotros. Pero el compromiso de la Unión Europa contra la pobreza no puede quedarse en un porcentaje del PIB. La ayuda al desarrollo tiene que comprometer a los países receptores con la justicia y la libertad. Porque es difícil que un país que se muere de hambre alcance la democracia. Pero lo que es casi imposible -la experiencia lo demuestra un día después de otro- es que un país sin democracia acabe con la miseria.