ONCE MILLONES de españoles dieron su voto a los socialistas en marzo. El programa de Zapatero no ocultaba su intención de reformar la ley del divorcio, de permitir los matrimonios entre homosexuales, de ampliar los supuestos del aborto e incluso de dispensar la píldora del día siguiente. La Iglesia (sus jefes) dice sentirse agredida por la actuación del Gobierno. Aunque hasta el momento no parece que el Consejo de Ministros haya hecho otra cosa que empezar a cumplir, al menos en esos aspectos, su contrato con los electores. Por ejemplo con la reforma del divorcio que aprobó ayer. ¿Es eso una acometida contra la Iglesia? Sus dirigentes entienden que sí, y para responder al Ejecutivo han puesto en marcha una campaña que, en ocasiones, ha sobrepasado los límites del tono que se espera de la Conferencia Episcopal. Incluso habrían actuado contra el octavo mandamiento, porque no es cierto que el Gobierno esté en proceso de legalizar la eutanasia. En todo caso, ese supuesto ambiente bronco se percibe sólo si se atiende a las palabras de los obispos y a alguna salida de tono en la que se les tildó de casposos. Ellos tienen la obligación de defender su ideario, incluso tienen derecho a hacerlo con los fondos que reciben del Estado. Lo que no pueden pretender es maniatar al Gobierno para que legisle sólo de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Y lo que no les conviene es sobreactuar, porque la sociedad española parece vivir tranquila. Aunque algo divorciada de sus obispos.