El presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa, Luis Guridi, destacó que existen «muchos casos de despidos arbitrarios» por parte de la Iglesia, similares al de Resurreción Galera. Guridi culpó al «sistema perverso» de libre designación de profesorado por parte de los obispados de ser el responsable de que ocurran estas situaciones y exigió un modelo acorde con el Estado de Derecho. «Un sistema como el actual está fuera de lugar, es tercermundista», apostilló. Guridi denuncia, además, la existencia de «amenazas y chantajes, incluso de la jerarquía», contra los docentes que han expresado públicamente su rechazo a esta forma de actuar de la Iglesia. Frente a este sistema «arbitrario y con claúsulas totalmente abusivas», los profesores que imparten la Enseñanza Religiosa exigen que los despidos vengan precedidos de expedientes con razones objetivas y que los afectados tengan derecho a alegación y defensa propia. «El profesor se queda en la calle sin ningún tipo de indemnización ni derecho», dijo. Amparada por ley En cualquier caso, la Iglesia está amparada por ley a actuar cómo lo hizo en el caso de Resurreción Galera. El Gobierno, de hecho, dictaminó a finales del pasado mes de julio, en respuesta parlamentaria a una pregunta de IU, que la Iglesia Católica «tiene derecho a establecer los requisitos que hayan de poseer las personas encargadas de impartir sus doctrinas» y que, por tanto, no se estima necesario revisar los acuerdos vigentes con la Santa Sede en esta materia. El Ejecutivo recuerda que la Constitución consagra el principio de libertad religiosa en su artículo 16, que garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones».