Un juez considera que multar a escolares por hablar asturiano no es discriminatorio

Las Carmelitas de Villaviciosa hacían pagar 25 pesetas por cada palabra en bable, según la denuncia Tras la polémica por el discurso del Rey sobre la relación del castellano con otras lenguas, en Asturias se libra una batalla digna de un viaje en el tiempo. El San Rafael, un colegio de Carmelitas de la localidad asturiana de Villaviciosa, hacía pagar, presuntamente, 25 pesetas por cada palabra que sus alumnos pronunciaban en asturiano. Un partido nacionalista, Andecha Astur, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Villaviciosa. El juez Ángel Sánchez Martínez dictaminó en un auto que estas sanciones escolares «no son constitutivas de discriminación ni de infracción penal alguna».


A CORUÑA

El asturiano no es oficial en Asturias como el gallego en Galicia. El Estatuto de Autonomía le confiere un estatus administrativo que se queda a medio camino, pero que defiende específicamente el derecho de los hablantes a utilizarlo. Ésta fue la percha legal de la denuncia, junto con diversas apelaciones a los derechos lingüísticos consagrados por la Constitución. También aducen que este tipo de actos están tipificados en el artículo 510 del Código Penal, referido a los derechos fundamentales y las libertades públicas.No sirvió de mucho. El titular del Juzgado de Instrucción archivó el caso y en Andecha Astur se quejan de que ni siquiera se intentó investigar los hechos. Ahora la pelota está en el tejado de la Audiencia Provincial asturiana, donde los nacionalistas llevaron la presunta discriminación lingüística. «¿Cómo se puede sostener que no es delito castigar a los asturianos por razón de su identidad?», se preguntan los promotores de la denuncia.SubvenciónAdemás, por el carácter concertado de la institución educativa, la organización política y la Xunta pola Defensa de la Llingua reclamaron al Principado que retirara la subvención al colegio de Villaviciosa. La Consejería de Educación emprendió una investigación para aclarar si de verdad se había llegado a multar a los escolares en una zona, por otra parte, donde la lengua asturiana es de uso habitual.La Academia de la Llingua, el órgano oficial que vela por los derechos de los asturianoparlantes, fue bastante más prudente con el asunto. «Al no existir ni un denunciante ni un denunciado concreto es difícil actuar», comentó un portavoz.Y es que la supuesta multa es en muchos aspectos un misterio. El colegio San Rafael niega que discrimine la lengua asturiana. Incluso aseguran que organizan actividades para promocionarla. Así que todo parece haber sido una iniciativa particular de uno de sus profesores o de un «malentendido». En todo caso, el suceso contrasta con la normalidad adquirida en los últimos años en la enseñanza del asturiano, que se imparte respetando la voluntariedad de la elección.Desde la Academia se recuerda que el juez, en su auto, deja entrever que una demanda de este tipo sólo podría prosperar en el ámbito administrativo. De cualquier manera, los casos curiosos sobre la situación legal del bable se amontonan en las hemerotecas. Sólo un aperitivo: las manifestaciones que se organizan cada primer viernes de mayo, Día de les Lletres Asturianes, nunca son autorizadas. La Delegación del Gobierno ni siquiera lee las peticiones de permiso por estar escritas en asturiano.

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