La selectividad española y el trato justo


Hace ya algunos años que, en su preceptivo Informe sobre el Estado del Sistema Educativo, el Consejo Escolar del Estado venía señalando las considerables diferencias que presentaban las distintas universidades españolas en cuanto a las tasas de aprobados en las pruebas de selectividad. Un análisis por comunidades autónomas mostraba distancias que llegaban a superar los 20 puntos porcentuales.

La EVAU -antes selectividad- constituye una prueba académica cuyos resultados no solo condicionan notablemente las opciones profesionales de los alumnos, sino que pueden afectar de forma directa y lesiva a las economías familiares. Estamos pues ante una circunstancia que exige la máxima garantía de igualdad de trato, sea cual fuere el lugar de residencia de los estudiantes. Y esa garantía, que trasciende los territorios para referirse al conjunto de España, compete ejercerla al Estado. Así lo han entendido otros países europeos en los cuales existe, desde hace décadas, una prueba estatal de finalización de la educación secundaria superior que permite el acceso al correspondiente título y habilita para el ingreso en la universidad. Tal es el caso de Francia con el BAC, de Italia con la Maturità o de Alemania con el Abitur.

Por esa vía, el sistema español ha sustraído al Estado la competencia constitucional de regulación de la obtención de títulos o le ha restado su plena efectividad, toda vez que lo que opera realmente como tal es, en buena medida, el disponer de la llave para ingresar en la formación universitaria. Con ella se abren las primeras pero decisivas puertas de acceso a una profesión y es la prueba de la EVAU, ampliamente descentralizada, quien la proporciona. Este procedimiento deja expedito el camino a las injusticias derivadas de unas pruebas diferentes, con niveles de dificultad no homologados y criterios de evaluación autónomos que explican, en parte, esos resultados tan diversos.

Es cierto que, de conformidad con los datos de que disponemos, Galicia es una de las comunidades autónomas más afectada por ese trato desigual, pero el problema concierne a los derechos individuales de los ciudadanos de toda España en un ámbito tan sensible en el plano constitucional como es el de la educación. Imitar a nuestros socios europeos sería la solución.

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